El Gobierno regional (PP) ha presentado una reforma fiscal que rebaja todos los impuestos de competencia autonómica y crea nuevas deducciones beneficiando "a todos los ciudadanos cántabros sin excepción", quienes, si se aprueba, pagarán 90 millones de euros menos en impuestos al año.

Las medidas buscan beneficiar especialmente a los trabajadores con rentas medias y bajas, a los jóvenes que compren o alquilen una vivienda, a los habitantes de los municipios rurales o a los nuevos padres.

Por ejemplo, se contempla una reducción de la tarifa autonómica del IRPF en todos los tramos y una bajada del tipo mínimo del actual 9,5% al 8,5% --equiparándose al de la Comunidad de Madrid, uno de los más bajos del país--, y se crea una deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción para los tres primeros años --compatible con la que aplica el Estado--, así como otra de 200 euros por estudiantes de municipios en riesgo de despoblamiento, a cuyos habitantes también se les exime el pago del canon del agua.

También hay rebajas en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una bonificación del 50% en el Impuesto de Sucesiones cuando los herederos sean hermanos, la exención del pago del Impuesto sobre el Patrimonio y nuevas deducciones para gastos de educación, como libros de texto (del 100%) o la enseñanza de idiomas (15%), y para contratar ayuda doméstica para el cuidado de hijos o mayores (hasta 300 euros).

En paralelo, se elimina el tope de renta que existía para poder beneficiarse de varias deducciones --como la de gastos de guardería o alquiler de vivienda--, que se situaba en 30.000 euros en tributación individual y 40.000 en la conjunta.

Si el PP, que gobierna en mayoría, consigue los apoyos suficientes para sacar adelante esta reforma, la bajada de tributos entraría en vigor el 1 de enero de 2024. PRC y PSOE se han posicionado varias veces en contra de bajar los impuestos ya que creen que la merma de ingresos conllevará recortes en los servicios públicos, por lo que el apoyo podría proceder de Vox, que sí ha venido defendiendo una rebaja fiscal.

Y la presentada este jueves es la mayor puesta en marcha en Cantabria, que hará que pase a ser una de las comunidades autónomas "con la fiscalidad" más reducida, según ha señalado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que ha dado a conocer en rueda de prensa este plan junto al consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros.

A pesar de que con ello se dejarán de ingresar 90 millones de euros al año, los 'populares' confían en que aumentando la renta disponible a los hogares y empresas se impulsará el consumo familiar y la inversión, lo que se traducirá en "más y mejor empleo" y en más cotizantes. Así, el objetivo es que haya más declarantes que paguen menos.

"Menos impuestos no significa menos ingresos ni menos recaudación fiscal". "Los recursos producen mucho más en manos de las familias que en manos de la Administración", ha defendido presidenta, aludiendo a la experiencia de otras comunidades e incidiendo en que Cantabria se ha convertido en "un infierno fiscal".

IRPF

Frente a ello, la propuesta del PP reduce los tramos del IRPF de siete a cinco "como la mayoría de comunidades autónomas", y baja la tarifa en todos ellos, con lo que todos los contribuyentes cántabros "se van a beneficiar, sobre todo las rentas medias y bajas".

El tipo mínimo, para las rentas inferiores a 13.000 euros, se baja un punto, al 8,5%; mientras que en el siguiente tramo, para rentas hasta 21.000 euros, también se reduce del 12% al 11%; y el tipo máximo, para las de más de 60.000 euros, pasa del 25,5% al 22,5%.

Con ello, las rentas más altas no pagarán más del 47% de IRPF sumando el tramo autonómico y estatal, cuando la cifra estaba en el 50%. En este sentido, la presidenta ha defendido que "no puede ser que haya profesionales que tengan que pagar la mitad de lo que ganan" en impuestos.

TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS

En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, se rebaja el tipo general del 10% al 9% para bienes inmuebles, y del 8 al 6% en el caso de los bienes muebles, como los vehículos.

Además, se baja al 7% el tipo en las transmisiones para vivienda habitual hasta 200.000 euros. En el caso de familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, menores de 36 años, VPO y habitantes de municipios en riesgo de despoblamiento se reduce del 5% al 4%; y del 4% al 3% personas con discapacidad de más del 65%.

Mientras, el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) o impuesto de las hipotecas se reduce medio punto, al 1%, para la compra de la vivienda habitual, y al 0,1% si se va a construir en municipios rurales.

Con la bajada de estos dos impuestos el Ejecutivo calcula beneficiar a unos 28.000 cántabros que anualmente compran viviendas o coches de segunda mano, sobre todo a los jóvenes y colectivos especiales.

PATRIMONIO Y SUCESIONES

Por otro lado, Cantabria será "la comunidad autónoma que mejor trate las herencias entre hermanos", según Buruaga, al aplicar una bonificación del 50% en el pago del Impuesto de Sucesiones.

Mientras, se suprimiría el Impuesto sobre el Patrimonio bonificándolo al 100%, ya que para el Gobierno es "obsoleto, arbitrario e injusto", que tiene un efecto "deslocalizador" y "prácticamente no se aplica en ningún país de la UE". A juicio de la presidenta, eliminarlo va a permitir "repatriar" o "poner fin a la fuga de patrimonios" de la comunidad autónoma".

Tras dar a conocer la reforma fiscal, la presidenta y el consejero han puesto de relieve que los cántabros van a dejar de pagar en esta legislatura 370 millones de euros que "se van a inyectar en nuestra economía y tejido productivo entre 2024 y 2028".

A pesar de la merma de ingresos han asegurado que no habrá recortes en la dotación de las consejerías y que se van a mantener los servicios públicos e incluso se prevé destinar en el próximo ejercicio un 6% más de inversión a Sanidad y Educación, algo que según ha explicado Agüeros se conseguirá "racionalizando" las partidas a la hora de elaborar el presupuesto y no incluyendo en las cuentas proyectos que se sabe que no se van a poder ejecutar.