La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado que el medio millar de viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo no son "una preocupación más" ni "un problema cualquiera" para el nuevo Gobierno del PP, sino "una prioridad", por lo que se comprometido a solucionar esta situación a lo largo de la presente legislatura.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa que ha ofrecido junto al consejero de Fomento, Roberto Media, y al presidente de la Asociación de Maltratados por la Administración, Antonio Vilela, tras mantener un encuentro con miembros de este colectivo, que engloba a los afectados por los derribos.

"Esta legislatura tiene que marcar un antes y un después también para los afectados por las sentencias de derribo. Vamos con 20 años de retraso. Por lo tanto, no se puede seguir perdiendo el tiempo. Se acabaron las excusas", ha dicho Buruaga.

Y en este sentido, ha destacado que el nuevo Ejecutivo dispone ya de una "radiografía de la situación" de las 511 viviendas amenazadas y trabajará con "agilidad y eficacia en la gestión" para, en primer lugar, regularizar urbanísticamente donde sea posible; en segundo lugar, compensar con una casa de sustitución donde no exista esta alternativa y, en último caso, indemnizar a los propietarios afectados, "que no son los culpables, sino víctimas inocentes".

Al hilo, ha enfatizado que desde su toma de posesión, la de los altos cargos y sus respectivos equipos -a lo largo del mes de julio- se han adoptado "decisiones importantes", hasta el punto de que está "encauzada" ya la posible solución a las viviendas condenadas a la demolición y repartidas en cuatro municipios: Argoños, 255; Arnuero, 144; Piélagos, 80; y Escalante, 32.

SITUACIÓN Y AVANCES POR MUNICIPIOS

Así, por ejemplo, en este último las obras de construcción de quince viviendas de sustitución para otros tantos propietarios del edificio de Las Torres arrancarán a lo largo del próximo año, contarán con un presupuesto aproximado de 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 16 meses.

No obstante, el compromiso del Ejecutivo rergional es intentar acortar ese tiempo "al máximo posible" y que las casas sean una realidad "a la mayor brevedad". Con ese fin, se firmó la semana pasada el contrato de opción de compra sobre una finca urbana de 2.969 metros cuadrados, a la que se destinarán cerca de 300.000 euros.

En esta parcela se levantarán las 15 viviendas de sustitución para los propietarios que se han decantado por esta opción, ya que otros -Las Torres cuenta con un total de 32 pisos- han preferido recibir una indemnización.

Y en paralelo a la rúbrica de ese contrato, una vez se eleve a escritura pública la compra del terreno -el próximo martes-, se pondrá en marcha el proceso para la licitación y adjudicación de la redacción del proyecto y dirección de obras de construcción, ha destacado Buruaga.

En Argoños, ha recordado que la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana ha posibilitado dar nuevas licencias y presentar incidentes de inejecución de sentencia para un total de 181, el último la semana pasada, para 84 de la urbanización La Llana I ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Y aunque este Ayuntamiento es responsable "en exclusiva" de la situación de 51 viviendas, el Gobierno va a apoyar e impulsar la gestión que está llevando a cabo la administración municipal para la posible regularización de edificaciones o para llegar a acuerdos con los propietarios afectados, mediante mecanismos de colaboración jurídica y financiera que se van a buscar con todos los consistorios que tienen este problema.

En este punto, Buruaga ha destacado que el departamento que dirige Bedia -que aglutina las competencias de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, todas ellas relacionadas con el problema de los derribos para que haya un único interlocutor con los afectados- va a ordenar este miércoles que se licite la construcción de tres viviendas de sustitución para otros tantos propietarios de La Llana I, que contarán con una inversión de medio millón de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Espera igualmente que las obras se adjudiquen a la mayor brevedad posible.

En Arnuero, donde la solución al problema estaba "más adelantada", el nuevo Ejecutivo también ha tenido que hacer frente a "algún imprevisto".

Así, la semana pasada el consejero tuvo que firmar la autorización para redactar un modificado de proyecto por importe de 500.000 euros más, para continuar con las obras de las 62 viviendas de sustitución, 53 de ellas asignadas a La Arena.

Y en Piélagos, la administración autonómica se ha comprometido a agilizar "al máximo" la tramitación del nuevo PGOU, que han recibido este lunes en la Consejería y según el cual, y a priori, se podría dar licencia a 63 viviendas.

"Hacerlo más rápido yo creo que es imposible", ha opinado Buruaga, al enfatizar que ya habido una reunión entre representantes del equipo redactor, del Consistorio y la Consejería para avanzar en los trabajos para la aprobación definitiva del plan urbanístico del municipio.

MÁS AVANCES EN QUINCE DÍAS QUE EN CUATRO AÑOS

"No estamos quietos, ni un minuto. Es imposible hacer más en menos tiempo. Este Gobierno ha avanzado más en quince días que el anterior en los últimos cuatro años. Nos hemos puesto manos a la obra desde el minuto uno en un asunto en el que sabemos que no hay varitas mágicas, sino que es de gran complejidad, pero en el que también sabemos que la voluntad política y la buena gestión dentro del respeto a la legalidad y al respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico son determinantes", ha considerado Buruaga.

Tras todo lo anterior, ha enfatizado que los afectados por los derribos no están "solos" ni "desatendidos" y ha asegurado que el Gobierno del PP va a mantener los instrumentos habilitados que han "funcionado", como la oficina de atención y el fondo de derribos, que ahora cuenta con 15 millones de euros y que se va a dotar de manera "adecuada" y "suficiente" para acelerar la construcción viviendas sustitución.

Asimismo, se ha acordado crear una comisión seguimiento que se va a reunir cada tres meses para evaluar la situación del problema de los derribos.

IMPULSO POLÍTICO

Por su parte, Antonio Vilela ha puesto en valor el "impulso político" de la presidenta Buruaga para acabar con la "deuda histórica" que tiene la administración autonómica con los afectados por derribos en Cantabria y ha solicitado "celeridad en la toma de decisiones y sensibilidad con las familias".

En la reunión también han participado el vicepresidente de AMA, Ciriaco García, y el portavoz, José Manuel Olaiz.