El gobierno del presidente Javier Milei de Argentina ha anunciado medidas contundentes para hacer frente al narcotráfico y la criminalidad en la ciudad de Rosario, tras una serie de asesinatos perpetrados por lo que se describe como "narcoterroristas". Estas medidas incluyen el envío de fuerzas federales, como la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, para colaborar con la policía de Santa Fe en la lucha contra el narcotráfico.

Además, el gobierno ha decidido involucrar a las Fuerzas Armadas, dentro de los límites establecidos por la Ley de Seguridad Interior, para proporcionar apoyo en esta situación. Aunque las FFAA generalmente no pueden intervenir en operativos de seguridad pública, la legislación contempla una excepción para apoyar las operaciones de seguridad interior.

Los recientes actos de violencia en Rosario, que han incluido asesinatos de civiles, se consideran represalias por el endurecimiento de las condiciones de detención de los presos de alto perfil en las cárceles de la provincia de Santa Fe. El gobierno provincial ha calificado estos actos como terroristas y ha destacado la necesidad de combatir la influencia del crimen organizado desde las cárceles.

En respuesta a estos hechos, el gobernador de Santa Fe está buscando completar la construcción de una prisión de máxima seguridad y ha advertido a los líderes narcotraficantes que enfrentarán consecuencias graves una vez que la prisión esté operativa.

Este enfoque adoptado por el gobierno argentino, que recuerda al estilo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele en su país, se centra en una política de mano dura contra el crimen y busca combatir la impunidad de los delincuentes, tanto dentro como fuera de las cárceles.