Pamplona, 11 feb (EFE).- La reforma laboral va a reducir la tasa de temporalidad laboral en España en diez puntos para final de año, ha afirmado este viernes el vicesecretario general de Política Sindical de la UGT, Mariano Hoya, quien ha considerado que la alta inflación va a complicar la negociación colectiva.

Hoya, quien ha participado en Pamplona en una asamblea informativa de la UGT sobre la reforma laboral, ha señalado a los medios de comunicación que esta normativa es "histórica" tanto por su contenido como por su "continente", debido a la adhesión de CEOE y Cepyme. Es histórica, ha dicho, "hasta por el modo en que se desarrolló la votación el día 3", con el error de un diputado del PP.

Tras resaltar que este 2022 "debe ser un año de recuperación de derechos y de salarios", ha apostado por un nuevo acuerdo de negociación colectiva con la patronal "para que podamos, desde la distancia pero desde el acuerdo, acordar una política de rentas que sea positiva para las empresas y los trabajadores".

Desde la reforma laboral, ha dicho, la negociación colectiva "ha cambiado", ya que, con la recuperación de la ultraactividad de los convenios, "ya no nos sentamos a negociar desde la presión de la pérdida de derechos cuando pasaba un año del proceso negociador" y eso "nos da una posición de equilibrio, de fortaleza en las mesas negociadoras".

El sindicalista ha apuntado que la reforma ya está teniendo resultados, porque "miles de trabajadores están transformando sus contratos que eran precarios en contratos fijos" y además "trabajadores de los sectores más precarios y peor pagados ya tienen subidas en torno a 2.000, 3.000 o 4.000 euros al año".

Y hay sectores como el de la limpieza, que "trabajan siempre con subcontratación", que "ya van a tener la obligación de aplicar el convenio sectorial".

A su juicio también está teniendo efectos en la temporalidad, porque en el mes de enero, "que es un mes históricamente donde no se crea mucho empleo, porque se terminan las campañas de Navidad, ya se ha visto el doble de la contratación indefinida que se hacía otros años", en concreto el 15 %.

Asimismo, ha valorado, a cerca de 300.000 trabajadores del sector de la construcción se les ha hecho fijos y en este sentido ha aseverado que las empresas deben comprender que encadenar contratos "sine die" a trabajadores "se ha terminado en este país".

En este tipo de asambleas, ha comentado, está haciendo especial incidencia en que la reforma contempla la extensión del modelo de los ERTE covid "que han impedido que 3,6 millones de trabajadores perdieran el empleo y se cerraran miles de empresas".

Así, se contemplan fórmulas para que, "en los casos de crisis cíclicas o sectoriales, las empresas no utilicen el despido como herramienta normal".

"Nosotros consideramos que es una reforma importantísima, que, a pesar de lo que se haya dicho desde algunos sindicatos y partidos políticos, se ha hecho historia, no se pierde ningún derecho, es todo recuperación de derechos y por tanto nosotros estamos muy satisfechos", ha declarado.

Esto, unido a la subida del SMI, ha agregado, "hace que se produzca un empuje hacia arriba de los salarios y evidentemente creemos que estamos en un momento positivo, adecuado para los trabajadores y trabajadoras de este país".

Hoya ha opinado que la reforma laboral no complica, sino que facilita la negociación colectiva, "porque se produce equilibrio", pero en todo caso 2022 "es un año que va a estar complicado", debido a un IPC "desbocado" y la incertidumbre sobre un posible conflicto bélico en Ucrania, que puede provocar más aumentos de los precios de la energía.

El 2022, ha manifestado, "no puede seguir siendo un año de pérdida de capacidad adquisitiva" y por tanto "habrá que buscar fórmulas" para evitarlo, "con un acuerdo a dos o tres años y con cláusulas de revisión que garanticen que mantenemos la capacidad adquisitiva de los trabajadores".

Si no, ha subrayado, conflictos como el del sector del metal en Cádiz "se podrán extender al resto del país, habrá movilizaciones, conflictos, y los trabajadores tendrán que defender legítimamente sus derechos y su posibilidad de mantener unas condiciones mínimas para sus familias". EFE

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