Vivienda prometida, ladrillo aplazado
El Plan Estatal de Vivienda, que la ministra Isabel Rodríguez presentó tras su aprobación en el Consejo de Ministros, llega con nueve meses de retraso. Y no solo eso: no entrará en vigor hasta el verano. Siempre que las negociaciones entre el Estado y las comunidades autónomas —cofinanciadoras del proyecto— prosperen y los fondos lleguen a tiempo. Algo que, a la vista de precedentes como la erupción de La Palma o la dana de Valencia, donde parte de las ayudas prometidas aún no han llegado, invita al escepticismo.
El objetivo es facilitar que los menores de 35 años puedan acceder a un alquiler con opción a compra. El problema es que en los últimos siete años solo se han construido 628 viviendas bajo este modelo. Y en 2025, según datos del Ministerio de Transportes, no se construyó ninguna. La brecha entre la promesa y la realidad resulta evidente.
El decreto también pretende evitar fraudes como el ocurrido en Alicante, donde un bloque de protección oficial terminó en manos de cargos y familiares del PP. Sin embargo, la legislación ya contemplaba mecanismos para impedirlo. La cuestión no es solo normativa, sino de control y voluntad política.
Una exigencia básica parece clara: que la inversión pública no acabe en manos privadas. Es decir, que la vivienda protegida financiada con dinero público no termine en fondos buitre para su venta a precio de mercado. El decreto plantea que lo construido con recursos públicos siga siendo público, algo elemental si se tiene en cuenta que la vivienda protegida apenas representa el 2,5% del parque total en España, uno de los porcentajes más bajos de la Unión Europea.
El plan, además, ha encontrado su primer obstáculo político. Isabel Díaz Ayuso ha presentado su propio proyecto, denominado “Medidas Urgentes”, que propone levantar dos alturas adicionales en cada bloque para construir 18.000 viviendas protegidas y agilizar plazos. La iniciativa abre un nuevo frente entre administraciones en un ámbito tan sensible como el acceso a la vivienda.
Vuelve así la guerra fría institucional en una cuestión vital para millones de ciudadanos. Cada cual defiende su modelo, nadie quiere interferencias y los acuerdos se eternizan. Mientras tanto, los jóvenes siguen esperando.
Porque vender planes es sencillo. Dar trigo, mucho más difícil.