Isabel Díaz Ayuso e Irene Montero, actuando ambas desde la soberbia y el "sostenella y no enmendarla", son la evidencia de cómo la chulería gana terreno en la vida política. La primera se marchó a Israel coincidiendo con la manifestación de sanitarios en Madrid, y la segunda ha decidido que no va a proponer ninguna modificación de sus desastrosa ley del "sí es sí" a su socio de Gobierno.

Ayuso, desoyendo las sugerencias de la cúpula de su partido, el PP, donde cunde la preocupación por el coste electoral de su "guerra" con el sector sanitario, sube el listón del encono calificando de "asqueroso" que se utilicen los ambulatorios para pedir firmas apoyando a los médicos. Dicho esto, abandona la Asamblea de Madrid para asistir a una reunión de centros concertados religiosos donde anuncia un aumento del quince por ciento de presupuesto público para gastos de funcionamiento y personal no docente. Por el contrario, los colegios públicos se tendrán que conformar con un 3,2% y a los institutos públicos se les reducirá la partida en un 2,5%.

Para acabar de arreglarlo, su Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un acto con militantes en su feudo del barrio de Salamanca, les explica que la asistencia primaria, es decir los ambulatorios, "necesitan un cambio de modelo" en el que la enfermería y las videoconsultas tendrán un papel clave. "Ya no hay que tener al paciente en el hospital, hay que resolver presencialmente o no presencial". Los sanitarios madrileños han sacado una conclusión de sus palabras: "Se quiere cargar a los médicos". Y algo de eso debe haber cuando no ha sido capaz de lograr el más mínimo acuerdo para acabar con la huelga de los centros de atención primaria.

Y, como lo que no se resuelve se amplía y complica, a primeros de marzo los profesionales de los hospitales públicos se sumarán a los paros.

La otra protagonista de la actualidad política, la ministra Irene Montero, sigue enrocada en las virtudes de su ley y culpando a los jueces de las escandalosas salidas de prisión de violadores y agresores sexuales. Los expertos vaticinan, además, que las gravísimas consecuencias de una legislación mal hecha se prolongarán, sin remedio, en el tiempo. Seguramente confía en que la aprobación de la legislación sobre la transexualidad (ya veremos si con los menores no comienzan a producirse, también, efectos indeseados) va a hacer olvidar las cifras de delincuentes con sus condenas aminoradas. Son más de quinientos. Aunque en el Ministerio de Igualdad no se den por enterados.

Y, a todo esto, conviene recordar que los comicios autonómicos y municipales se celebrarán en mayo y que los ciudadanos, con su papeleta, pueden dar un castigo a estos desatinos y poner a cada uno en su lugar.