León XIV ante el escándalo de los desahucios promovidos por la Iglesia en Madrid
La visita a España no debería limitarse a encuentros institucionales, celebraciones religiosas y discursos protocolarios. Existe una realidad incómoda que merece ser abordada de frente: la participación de entidades vinculadas a la Iglesia católica en conflictos de vivienda que afectan a personas mayores y vulnerables.
En un país donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una emergencia social, resulta cada vez más difícil comprender cómo organizaciones religiosas que predican la compasión, la solidaridad y la defensa de los pobres pueden verse implicadas en procesos que terminan dejando a personas ancianas ante la amenaza de perder el hogar en el que han vivido durante décadas.
La polémica en torno a la ha reabierto un debate que la Iglesia no puede seguir esquivando. Cuando una institución religiosa posee miles de inmuebles y gestiona un patrimonio de enorme valor, la cuestión ya no es únicamente jurídica o económica. Es, sobre todo, moral.
Porque nadie discute el derecho de una entidad a administrar sus propiedades. Lo que muchos ciudadanos cuestionan es si una organización inspirada en el Evangelio puede comportarse como cualquier gran tenedor inmobiliario sin que ello afecte a su autoridad ética.
La Iglesia suele recordar que la riqueza debe estar al servicio de las personas y no al contrario. Defiende el principio de la función social de la propiedad y reivindica una economía centrada en la dignidad humana. Sin embargo, esos principios pierden fuerza cuando se enfrentan a historias concretas de personas mayores que ven peligrar el techo bajo el que han construido toda una vida.
La contradicción es evidente. Mientras desde los púlpitos se habla de proteger a los más débiles, en algunos despachos se toman decisiones que pueden tener consecuencias devastadoras para quienes disponen de menos recursos para defenderse. Y cuando eso ocurre, la pregunta surge inevitablemente: ¿dónde termina la misión pastoral y dónde comienza la lógica del negocio?
La visita de León XIV podría convertirse en una oportunidad histórica para afrontar esta cuestión con valentía. No para señalar culpables concretos, sino para enviar un mensaje inequívoco a todas las instituciones católicas: ninguna rentabilidad económica puede estar por encima de la dignidad de una persona vulnerable.
La Iglesia no será juzgada únicamente por sus palabras, ni por sus documentos doctrinales, ni por sus llamamientos a la justicia social. Será juzgada también por sus actos. Por cómo trata a quienes carecen de poder. Por cómo responde cuando una persona anciana teme perder su hogar. Por la distancia que exista entre lo que predica y lo que hace.
Si León XIV quiere dejar una huella profunda durante su visita a España, tiene ante sí una cuestión que afecta directamente a la credibilidad de la Iglesia en el siglo XXI. Porque la verdadera autoridad moral no se demuestra en los grandes discursos, sino cuando se está dispuesto a defender a los vulnerables incluso cuando hacerlo resulta incómodo.
Y pocas preguntas resultan hoy más incómodas para la Iglesia que esta: ¿puede predicar la caridad quien permite que los más débiles sean expulsados de sus hogares?