Estos días se han celebrado en País Vasco y Navarra unas 200 manifestaciones en contra de decisiones de jueces y fiscales respecto a los presos etarras, con anulación de  permisos y pasos a tercer grado al exigir los jueces el cumplimiento estricto de las sentencias. La paradoja es que, al mismo tiempo que partidos radicales -Bildu, independentistas catalanes, Podemos- apoyaban estas manifestaciones que no han tenido el respaldo del PNV, desde el gobierno se ha promovido el acercamiento de presos etarras, de manera que hoy la totalidad de los presos de ETA han sido traslados ya a cárceles situadas al  menos a 200 kilómetros de las dos comunidades. Lo que ha provocado el malestar, cuando no la indignación,  de la mayoría de las asociaciones de víctimas del terrorismo y de los partidos que las apoyan, encabezados por el PP.

En los últimos años se está produciendo un movimiento creciente contrario no solo  sentencias judiciales de importante carga política, sino también a  la presencia de jueces y fiscales en regiones donde partidos extremistas de izquierda cuentan con importante presencia política y respaldo social -no digamos cuando forman parte del gobierno-, y también en regiones  en los que movimientos secesionistas o independentistas  dan muestras permanentes de desafecto hacia quienes imparten justicia. Como ocurre en Cataluña desde tiempos de Puigdemont,  donde son aislados socialmente y agredidos verbalmente, hasta el punto de que gran parte de ellos han aprovechado la primera oportunidad que se les ha presentado para solicitar traslado a plazas donde  se respeten sus decisiones profesionales y se les permita llevar una vida privada sin sobresaltos.

Cataluña es hoy la  comunidad autónoma con mayor porcentaje de plazas vacantes en la judicatura. Las persona de más edad recuerdan los tiempos en  que los jueces y fiscales destinados en el País Vasco vivían prácticamente en un estado de sitio, amenazados por la banda terrorista, obligados  a convivir permanentemente con escoltas,  y la mayoría de ellos, como ocurre ahora en Cataluña, pendientes de dónde quedaban plazas vacantes para pedir el traslado.  Catorce jueces y fiscales fueron asesinados por ETA y uno por el Grapo. Fue el precio que pagaron pr cumplir su deber.

El gobierno actual muestra su apoyo sin fisuras a los  encargados de impartir justicia.  De palabra. Los hechos sin embargo demuestran que ese apoyo está condicionado por los intereses políticos. Empezando porque  moralmente es difícil asumir que un gobierno se alíe sin complejos con el partido hermano de ETA, o promueva iniciativas que exigían los presos. Pero el caso más sangrante ha sido comprobar que, para contentar a los independentistas catalanes y seguir contando con su apoyo parlamentario,  el gobierno ha indultado a dirigentes independentistas en contra del criterio del tribunal que les condenó, nada menos que el Supremo. Por tanto, las declaraciones de apoyo sirven de poco.

Como también sirven de poco los silencios ante manifestaciones pro etarras.  Y eso que hay tres jueces en el gobierno…