La palabra del Fiscal General
Solo un niño, alguien con la inocencia de un niño, podría pensar que el Fiscal General del Estado iba a comparar ante el Supremo asumiendo que había filtrado información sobre el acuerdo de conformidad que estaba negociando el novio de Isabel Ayuso.
Álvaro García Ortiz sabía mejor que nadie que reconocerlo significaría comisión de delito, pero además sabía también que quedaría destruido para siempre ante los miembros del sanchismo irredento que le están apoyando hasta la extenuación. Lo que le importa bastante más que el hecho, que conoce, de que gran parte de sus compañeros de carrera consideran que ha perdido la imagen de defensor de la ley y castigo al delincuente , atributos indispensables en un fiscal.
Se daba por hecho que no iba a reconocer aquello de lo que se le acusaba, como que tampoco iba a responder a los abogados de la acusación. Y que trataría de marcar distancias con los dos fiscales que le plantaron cara cuando no se dejaron instrumentalizar por su jefe cuando García Ortiz quiso culpar a otros de las filtraciones que se le adjudicaban.
Lo que no se daba por hecho, y preguntó, fue el comentario sobre la actitud del juez instructor, el magistrado del Supremo Ángel Hurtado, del que dijo que estaba “predeterminado” , dando a entender que no confiaba en su forma de realizar la instrucción. o que podía caer en la prevaricación.
Los periodistas, con frecuencia, caemos en la tentación de cuestionar sentencias o iniciativas de jueces y fiscales, cuando es innegable que cuentan con una formación y una titulación de años, que incluye oposiciones en las que tienen que demostrar una valía que no está al alcance. de cualquiera. Que el Fiscal General del Estado haga un comentario en el que pone en duda la obligada independencia de un juez, es inaceptable.
Por no mencionar que varios de los jueces que hoy investigan a personas cercanas a Pedro Sánchez, investigan en el pasado reciente grandes casos de corrupción, tanto del PSOE como del PP. Y ninguno de los dos partidos se cuestionó sus sentencias con la acritud con que el gobierno —hay que repetir, el gobierno— cuestiona hoy el trabajo de jueces y fiscales que se niegan a dejar cabos sueltos.
García Ortiz ha explicado que en los últimos años ha cambiado varias veces de teléfono porque lo exigen los protocolos de seguridad, aunque compañeros suyos afirman que no existen tales protocolos de obligado cumplimiento. No es fácil, por tanto, que haya conseguido convencer a nadie de que no hubo intención de destruir pruebas cuando procedió al borrado de su móvil.
Continúan las investigaciones de la UCO sobre ese móvil borrado, y continúan también las comparaciones ante el Supremo, importantes las de este jueves.
El Fiscal General, como cualquier imputado, tiene derecho a la presunción de inocencia… pero él mismo se ha metido en un camino que da pie a la desconfianza.