Solo los profesionales de la Justicia, y los fanáticos de los avatares políticos,  siguen el día a día de las batallas que se  viven en el mundo judicial. El resto pasa olímpicamente de esos avatares, preocupado -lógicamente- por cómo llegar a fin de mes. Y  preocupados también muchos de ellos por el descrédito de un presidente que recurre con normalidad a la mentira y el engaño,  lo que evidentemente produce una profunda incomodidad en la mayoría de los españoles, que más allá de ideologías o simpatías por los personajes públicos, quieren sentirse orgullosos, o al menos conformes, con el comportamiento de su  presidente, aunque no le hayan votado.

Hay motivos sobrados para comprender que la mayoría de los ciudadanos de nuestro país  vuelvan la cabeza hacia otro lado cuando escuchan comentarios sobre los asuntos judiciales.   Les inquietan infinitamente más los asuntos cotidianos, desde  el inicio de curso escolar, que debería ser una celebración tras una  pandemia que impedía las normalidad en los estudios y en las relaciones, y que comienza con la pesadilla de  planes de estudio contradictorios, con fórmulas distintas para cada comunidad. En Cataluña, sin  clases en castellano.

Les preocupa el alza descomunal de los precios,  cómo van a afrontar el invierno con el recibo de la luz imposible de pagar, cómo mantener los negocios, o cuánto va a subir la hipoteca. Ante  esos problemas que a cualquiera quita el sueño, se comprende la indiferencia ante que lo que ocurre en el mundo judicial. Sin embargo todo, absolutamente todo, depende de acertadas decisiones judiciales.

Carlos Lesmes ha dicho en la apertura del Año Judicial que “el escenario político erosiona las instituciones”. Lo sabe mejor que nadie. Pedro Sánchez  ha entrado a saco en las instituciones del Estado, porque de sus decisiones y dictámenes depende en gran parte que se aprueben sus propuestas legislativas. Quiere controlar el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse  sobre asuntos tan serios como la Ley Celaá, la eutanasia y el aborto, y la ley que impide que el Consejo General del Poder Judicial pueda realizar nombramientos mientras se encuentre en funciones. Sánchez, con su desfachatez habitual,  ha resuelto esto último con una nueva Ley para que el Consejo haga excepción con  la elección de miembros del TC que le corresponden, y además ha puesto fecha para que se pronuncie. El gobierno no se para en barras cuando quiere alcanzar un objetivo.

Los miembros conservadores del CGPJ se han sublevado, aunque finalmente han decidido que votarán si no se  pone  límite al tiempo de negociación de los nombres..

Los problemas judiciales importan más de lo que parece. Que se lo pregunten a  quienes, por la paralización de nombramientos en tribunales provinciales y regionales, llevan años esperando sentencias que les cambian la vida.

No se puede admitir que además de no ofrecer soluciones eficaces a los problemas del día a día,  el gobierno pretenda  instrumentalizar la Justicia colocando afines en los tribunales.