​Nunca se había producido, en cuarenta años de democracia, un comportamiento político de tamaña irresponsabilidad.  Fundamentalmente por parte del gobierno, porque en ese tipo de situaciones de tensión máxima, es el gobierno quien tiene en su mano desarticularla. Bien con mano firme para exigir a otras fuerzas políticas que se comporten como marca la ley, bien para negociar con la máxima paciencia posible que los disidentes acepten la senda constitucional.

El problema en esta ocasión es que el partido que gobierna, con el presidente a la cabeza, más su coaligado, más sus socios, son los que han emprendido una sucesión de maniobras que rechazaría cualquier constitucionalista de un país democrático. Porque además en determinadas decisiones no cabe la interpretación de las leyes, sino que es obligado su acatamiento. Más aún cuando se trata de la Constitución.

¿Qué el PP ha actuado de mala fe al bloquear la renovación del CGPJ? Sí, con la misma mala fe que el gobierno. Psoe y PP pretendían  colocar en las dos instituciones a personas afines. Nada sorprendente, ha sucedido todos estos años, y el principal partido de la oposición, Psoe y PP, han comprendido siempre que el que gobernaba se había ganado llevarse el gato al agua y contar con mayoría. En esta ocasión el PP se ha resistido  más de lo habitual porque se ha opuesto con firmeza ante determinados nombres que le parecían ajenos al espíritu constitucional, como habían demostrado sobradamente durante su trayectoria política y profesional.  La reacción  del gobierno fue engañar en las negociaciones y, finalmente, promover leyes ad hoc para cambiar las reglas de juego durante el proceso de elección.

Lo ocurrido estos días no va de renovación del CGPJ y del TC. Va de respetar o no la Constitución, por no decir que va de intentos de abolir la Constitución, lo que reconocen algunos de los socios de gobierno. Nombres: Podemos presume de que en cuanto pueda proclamará la República; ERC presume de que no cejará en su objetivo independentista, como reiteró la semana pasada su máximo líder, Oriol Junqueras.

Se comprende que en esa situación Núñez Feijóo haya puesto pie en pared ante las maniobras del gobierno para aprobar determinadas leyes orgánicas saltándose las normas parlamentarias, las mayorías, e incluso las formas. Con una sucesión de recursos y recusaciones en los que se incidía en unos casos en las supuestas simpatías políticas de miembros del CGPJ y el TC en función de qué partidos los habían designado -cuando todos, absolutamente todos, han sido elegidos por cupos de los principales partidos- y cuestionando la entrada en vigor de las leyes orgánicas aprobadas en el Congreso, porque se habían saltado todos los métodos procedimentales. No porque lo diga el PP, sino que lo avalan un número considerable de letrados en Cortes, que son los que más saben de estas cuestiones.

Difícil salida para una situación nunca vista hasta ahora. Solo cabe que algunos dirigentes políticos en algún momento demuestren sensatez.