En las últimas semanas cada vez que desde la bancada de la oposición se critica al Gobierno los ministros y otros dirigentes socialistas suelen responder que, de cuanto acontece, lo verdaderamente grave es que el PP no se preste a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La acusación se ha convertido en un latiguillo bastante cínico.

Vaya por delante que en mi opinión el PP está cometiendo un error imperdonable y que su obligación es desbloquear de una vez por todas la negociación para la renovación del CGPJ. Es un mandato constitucional que tienen que cumplir y no hay excusas que valgan. Igualmente pienso que si el presidente del Gobierno convoca al jefe de la oposición éste debe acudir a la cita. Pero estos errores del PP no son ni mucho menos comparables a los desmanes que se vienen cometiendo desde el Gobierno.

Y, aunque resulte cansino repetirlo, Pedro Sánchez está pagando un precio inasumible para seguir siendo presidente de Gobierno: la amnistía, el mediador internacional, sus tejemanejes y concesiones a los partidos independentistas, dar vía libre a investigar a los jueces que han tenido en sus juzgados los asuntos del Procés, etc, etc, etc. Todo esto no les provoca, ni a Sánchez ni a los dirigentes del PSOE, el menor sonrojo. Claro que el último dislate al que hemos asistido es al silencio ominoso del presidente y los suyos, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante los señalamientos, en sede parlamentaria, de Miriam Nogueras, de Junts, cuestionando y amenazando a los jueces que vienen cumpliendo con su obligación que no es otra que hacer cumplir las leyes. Resulta no solo decepcionante sino preocupante que el ministro Bolaños haya intentado nadar entre dos aguas y haya tardado lo suyo en hacer una declaración de mínimos sobre el compromiso del Gobierno en la defensa de la independencia judicial. La verdad es que cuesta creerle.

Pero a lo que vamos, la "lista" de jueces señalados por la señora Nogueras comienza con Manuel Marchena, presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, que presidió el juicio del Procés de manera intachable como los ciudadanos pudimos comprobar ya que tuvo el acierto de permitir que se retransmitiera en directo.

Decir que Manuel Marchena es un prestigioso jurista va de suyo, como lo es recordar su rigor e independencia a la hora de dictar justicia.

Otro "señalado" es el juez Llaneras, que viene sufriendo una persecución fascistoide por parte del independentismo catalán que intentan amedrentar porque es el juez que debería poder juzgar al prófugo Carles Puigdmeont. O Concha Espejel, magistrada del Tribunal Constitucional a la que la señora Nogueras ha acusado de "indecente".

Realmente lo deplorable fue la actitud de la presidenta del Congreso, la señora Francina Armengol, que permitió sin mover el gesto las amenazas de la señora Nogueras, también la del grupo socialista que, en ese pleno ni una sola voz se alzó defendiendo la independencia judicial. Tampoco se libraron de sus ataques la magistrada Carmen Lamela y el juez del Supremo y anterior presidente del CGPJ Carlos Lesmes.

La señora Nogueras pidió que estos jueces fueran "cesados y juzgados" y se quedó tan ancha, pero eso sí, sembró una estela de preocupación entre los ciudadanos que creíamos vivir en un Estado de Derecho. Porque un Gobierno que pacta con condenados una ley de amnistía ad hoc y además acepta todas sus exigencias está colocando al Estado de rodillas.

Lo peor de todo es que el ministro Bolaños diga ahora que va a defender la independencia judicial ya que en el pacto del Gobierno con el señor Puigdemont está el famoso "lawfare". Y es que los propios independentistas ya han dejado claro que formó parte del pacto junto a la amnistía para convertir a Sánchez en presidente. Y, no sólo las palabras de Miriam Nogueras lo evidencian, sino en la puesta en marcha de las comisiones de investigación en el Congreso.

Sería el colmo que en un Estado democrático los jueces encargados de hacer cumplir la ley terminen en el banquillo de los acusados.

Querer juzgar a los magistrados que cumplen con su deber, que no es otro que la aplicación de las leyes, pone en entredicho la calidad de nuestra democracia.

Siento repetir que, ante los últimos acontecimientos, mi percepción es que nuestro país se está deslizando de ser un Estado democrático a un Estado autocrático. Ojalá me equivoque.