ESTOS días han sido noticia las manifestaciones, declaraciones y reacciones de los separatistas catalanes a raíz de la cumbre hispanofrancesa que se ha celebrado esta semana en Barcelona. Allí hemos visto claras y evidentes muestras de que el «procés» sigue adelante, con su objetivo de alcanzar la independencia de Cataluña, y que las innumerables concesiones que se han hecho por el gobierno de Sánchez, debilitando y casi desarmando al Estado español, no han servido para evitar que continúe esta deriva, sino más bien todo lo contrario, ya que, en la actualidad, los independentistas tienen ante sí un panorama jurídico muchísimo más favorable para afrontar con más garantías y con menos riesgos las nuevas intentonas secesionistas que, a buen seguro, se emprenderán durante los próximos años.

Las declaraciones que se venían haciendo desde la Moncloa acerca de que el «procés» estaba muerto y acabado, nunca fueron creíbles, y resultaba evidente que era una mentira más de las múltiples a las que nos tienen acostumbrados, otro ejercicio de propaganda vacío de contenido y absolutamente ajeno a la realidad. Los separatistas tienen muy claro su objetivo, conseguir la independencia y, para ello, siguen y seguirán insistiendo en la convocatoria de algún tipo de consulta, referéndum o similar, que les permita dar apariencia de legitimidad a un proceso y a una decisión absolutamente inconstitucionales que supondrían la ruptura de la nación española después de varios siglos de historia como país.

Durante esta legislatura han preparado y continúan preparando el terreno para lo que todavía queda por llegar y, de forma incomprensible, el gobierno de la nación les está allanando el camino con medidas que, no hace tanto, nos parecían inconcebibles, como los indultos, la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación de fondos públicos; es decir, nos hemos desprendido de aquellos instrumentos que permitieron poner freno y hacer fracasar la declaración unilateral de independencia catalana del año 2017, hemos desmantelado los mecanismos que hicieron posible que aquella descabellada decisión se convirtiese en algo patético y esperpéntico que, lo único que consiguió, fue poner en marcha todos los mecanismos de defensa del Estado de derecho, que sirvieron para condenar a algunos de los culpables del golpe de estado y poner en fuga a los restantes.

Hoy, buena parte de estos medios con los que el estado español contaba para defenderse han sido desmantelados por un ejecutivo absolutamente irresponsable, con argumentos tan falsos como la propia declaración de defunción de un «procés», que continúa dando pasos en pos de la independencia catalana y que, el mayor problema con el que cuenta en la actualidad, es con una ruptura interna que les debilita, tal y como también quedó evidenciado a lo largo de esta semana, con los insultos e increpaciones a Junqueras por parte de los partidarios de Puigdemont, que hicieron que el primero tuviera que abandonar un acto en medio de abucheos que demuestran el clima de enfrentamiento que se vive incluso dentro de los sectores separatistas, en una sociedad catalana cada vez más dividida y polarizada, en la que el apabullante dominio de los independentistas hace que los constitucionalistas ni siquiera puedan alzar su voz porque, digan lo que digan los sanchistas, lo cierto es que el «procés» es un muerto que, en realidad, está muy vivo.