Estos días ha sido noticia el aniversario de la Constitución española de 1978 que, según algunos, ha quedado obsoleta y desfasada, aunque resulta paradójico que quienes afirman tal cosa, fundamentalmente los separatistas, son los que la ignoran y la incumplen de una forma más flagrante e inmisericorde, y los que, además, expresan sin rubor su intención de seguir haciéndolo, porque, en realidad, todo lo que tenga que ver con España les importa un bledo, tal y como afirman en ocasiones en algún arranque de sinceridad no disimulada.

Quienes más cuestionan la Constitución son quienes están socavando las bases sobre las que esta se sustenta, pues, haciendo gala de un comportamiento absolutamente desleal hacia el conjunto de la nación española, atacan los pilares del sistema democrático que la Constitución estableció tras décadas de dictatura. Y es que esos detractores de nuestra norma suprema, que proclaman que en ella debería contemplarse el derecho a la autodeterminación de los pueblos (con lo que, por cierto, están reconociendo que en la actualidad tal derecho no se recoge), son quienes incumplen los principios sobre los que se construye nuestra democracia, el principio de legalidad y el de división de poderes.

En estos días el ejecutivo catalán ha manifestado su intención de incumplir las sentencias de los tribunales de justicia en lo que se refiere al uso del castellano en los centros de educación catalanes. Asistimos así a un espectáculo que resulta inasumible para cualquier demócrata, pues supone que un gobierno se considera por encima de la ley, se cree con derecho a incumplir las sentencias de los jueces, y hasta llega a animar a que estas no se ejecuten.

Un espectáculo pavoroso por lo que a los principios y valores democráticos se refiere, y que refleja hasta que punto el gobierno catalán está impregnado de un totalitarismo cada vez más evidente y alarmante. Este talante totalitario, que recuerda los inicios del nacionalsocialismo en Alemania, se plasma en el acoso vergonzante que sufren las familias que piden que se cumplan las sentencias que reconocen su derecho a recibir un 25 % de las clases en castellano, lo que no impide que el grueso de la docencia se imparta en catalán. Asistimos a comportamientos puramente fascistas en los que las turbas radicales, apoyadas por el gobierno y los medios de comunicación públicos de Cataluña, y contando con la permisividad de un gobierno español que se pone de perfil ante tamaño atropello, señalan, persiguen, amenazan y hacen la vida imposible a familias, e incluso a niños de corta edad, por el simple hecho de pedir que se cumplan las sentencias que reconocen sus derechos.

La deriva hacia la intolerancia y la más execrable discriminación que se está produciendo en Cataluña, alentada por los sectores más radicales del independentismo y por miembros del gobierno catalán, tolerada por muchos y aceptada con resignación por otros que viven sometidos a la ley del silencio ante el temor de verse incluidos en el sector de los repudiados por un nacionalismo excluyente, está llevando a la sociedad catalana a un clima asfixiante que hace cada vez más difícil la convivencia. El germen del fascismo y del totalitarismo está apareciendo allí cada vez con más claridad y si esto se generaliza, a quien no comulgue con las tesis nacionalistas le resultará insufrible vivir en una sociedad que le margina y le persigue. Qué lejos queda todo esto del consenso que presidió el periodo constituyente y que hace que muchos continuemos reivindicando el espíritu de la Constitución.