​Estos días han sido noticia las airadas y desabridas reacciones de distintas personalidades y líderes políticos ante el Auto del Tribunal Constitucional por el que se estima la medida cautelarísima solicitada por los populares en defensa de sus derechos fundamentales como parlamentarios, para hacer frente a una forma de legislar que resulta abiertamente contraria a todas las indicaciones que venía haciendo el Alto Tribunal  al respecto; se trata de una decisión que paraliza una maniobra mediante la que se pretendía hurtar la participación real y efectiva de las minorías en la tramitación parlamentaria, una participación que resulta necesaria para aprobar reformas legislativas de este calado, que suponen modificar los procedimientos de elección de los miembros del Tribunal Constitucional mediante unas enmiendas introducidas en una Ley que regulaba algo completamente distinto y ajeno a esa cuestión, como es la reforma del Código Penal que se estaba tramitando al dictado de los separatistas catalanes para eliminar el delito de sedición y rebajar las penas del de malversación de caudales públicos.

​Lo que resulta sumamente grave y peligroso en este asunto es la deliberada deslegitimación que se ha hecho del Tribunal Constitucional, llegando incluso, desde las fuerzas que sustentan al gobierno, a hacer llamamientos para que no se respeten sus decisiones, y que se tomen las calles en una supuesta defensa de la democracia que supondría, en realidad, un durísimo golpe contra la misma, ya que significaría atacar directamente al tribunal que garantiza el respeto a la Constitución por parte de todos los poderes del Estado.

Esta deslegitimación de las instituciones, especialmente de las que velan por los derechos de los ciudadanos, como son los jueces y tribunales, incluido el Constitucional, junto con la politización descarada de la Fiscalía General del Estado, y esta apelación a una supuesta democracia directa que no respeta el marco legal que nos hemos dado, hace que estemos asistiendo desde hace un tiempo a una deriva muy similar a la vivida en el año 2017 en Cataluña, e incluso peligrosamente parecida a la que ha tenido lugar en otros países como Venezuela, que les ha llevado a sustituir un régimen democrático por una dictadura populista, un objetivo que, por otro lado, era el que se proponía abiertamente desde un principio por los 'podemitas', quienes, para alcanzar este fin, siguen su hoja de ruta haciendo todo lo posible por dinamitar por completo el régimen del 78, es decir, el sistema de libertades que se edificó sobre la Constitución y que nos ha proporcionado el mayor nivel de progreso y libertad que se ha conocido en toda la historia de España.

Ahora corren tiempos sombríos para nuestro país, con una izquierda absolutamente radicalizada en la que ya no resulta reconocible ese partido socialista que contribuyó a la modernización de España y que ahora la conduce a pasos agigantados hacia su desmembramiento y, por lo tanto, hacia su destrucción, a la que sin duda asistiremos si las urnas no lo remedian en las próximas citas electorales. Este gobierno, y las fuerzas en las que se apoya, nos están arrastrando hacia un auténtico abismo, y lo peor de todo es que ya no se trata solo de un problema de gestión, más o menos acertada, de los asuntos públicos, sino que lo que está en juego es, en último término, nuestro sistema de libertades, porque si esto sigue por este camino, no cabe duda de quenuestra democracia está en peligro.