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El Diario de Cantabria

La degeneración de la 'casta' progre

Rodriguez y antidistubios.
Rodriguez y antidistubios.
La degeneración de la 'casta' progre

Estos días han sido noticia los intentos que se han hecho desde la Mesa del Congreso de los Diputados para mantener en su escaño a Alberto Rodríguez, el miembro de Podemos que se resiste a abandonar su cargo de diputado pese a haber sido condenado por el Tribunal Supremo por la comisión de un delito de agresión a un policía, lo que supuso imponerle la pena de inhabilitación especial para desempeñar dicho cargo, pena y condena que el político en cuestión se niega a cumplir en lo que constituye un auténtico desafío al poder judicial y a las normas de regeneración política que tanto pregonaban desde su formación, pero que incumplen sistemáticamente y de una forma descarada cuando llega el momento de aplicárselas a ellos.

Podemos llegó a la vida pública pregonando la necesidad de una regeneración que, entre otras cosas, suponía la necesidad de que los políticos (esos que antes llamaban “la casta”) abandonasen sus puestos cuando habían cometido alguna conducta reprochable, sobre todo cuando se trataba de un reproche penal, que consideraban incompatible con el ejercicio de funciones públicas. Así exigían dimisiones, incluso, en cuanto hubiese una investigación en marcha que afectase a la honorabilidad del político en cuestión. Pero resulta que, andando el tiempo, quienes accedieron a esos puestos fueron algunos miembros de la formación y, a partir de ese momento, hemos podido asistir al más variado, pintoresco y esperpéntico repertorio de razones para no aplicarles a ellos lo que con tanto ardor exigían a los demás.

Los casos son ya innumerables, y cada vez más llamativos. En el supuesto al que ahora nos referimos, el del diputado Alberto Rodríguez, no es que estuviese investigado o imputado, ni siquiera que hubiese sido procesado, es que ha sido condenado por el Tribunal Supremo, que le impuso una pena de inhabilitación por haber cometido un delito tan poco edificante para un representante público como agredir a un policía. Y ni con estas abandona su cargo el muchacho, que se atrinchera tras el parapeto que le ofrece una Mesa del Congreso rendida a la causa de este gobierno y de sus socios.

Para que pueda seguir en su poltrona se buscan todo tipo de argumentos, hasta el punto de entrar en un auténtico conflicto con el Tribunal Supremo, que ha tenido que preguntar a la Mesa del Congreso por la fecha en la que el condenado comenzaría a cumplir su pena de inhabilitación. Y lo curioso es que ya nos hemos olvidado de que Podemos exigía antaño una ejemplaridad que ahora brilla por su ausencia, salvo que se considere ejemplar agredir a un policía y ser condenado por ello. Claro que, lo que en otro caso son sentencias que obligarían a una dimisión inmediata del político en cuestión, en el caso de Podemos, cuando afecta a sus cargos públicos, siempre son persecuciones judiciales, o condenas sin pruebas o cualquier otra excusa, puesto que para ellos todo vale por esa singular vara de medir que usan y que les permite ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el suyo.

El caso es seguir agarrados a sus cargos al precio que sea, aunque para ello tengan que crear un conflicto con nuestro máximo órgano judicial, o aunque su injustificable actitud suponga atentar contra el principio de división de poderes o la independencia judicial. Todo vale para mantenerse en sus puestos, demostrándonos así la facilidad con la que han pasado de pedir la regeneración de la política a ser un auténtico ejemplo de degeneración de la misma. 

La degeneración de la 'casta' progre
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