Minutos antes de las 8 horas de la mañana, que era el momento en que tenía lugar el acto solemne de izado de la bandera española con interpretación del himno nacional y guardia militar en posición de arma presentada, un grupo de sindicalistas se habían concentrado ante el edificio de la Armada en protesta por un conflicto laboral de las trabajadoras del servicio de limpieza de instalaciones militares y uno de ellos, de apellido Fragoso, tomó un megáfono para gritar las siguientes frases: “aquí tedes o silencio da puta bandeira” y “hai que prenderlle lume á puta bandeira” (esto es, en castellano, “aquí tenéis el silencio de la puta bandera” y “hay que prenderle fuego a la puta bandera”).

Un Juzgado de Ferrol condenó al sindicalista a pagar una multa de 1.260 euros y el asunto llegó por vía de recuso hasta el Tribunal Constitucional, que confirmó la sanción, recordando la necesidad de proteger los símbolos y emblemas del Estado, entre los que se encuentran las banderas, únicos símbolos expresamente constitucionalizados (art. 4 CE) de expresiones injuriosas, ultrajantes u oprobiosas como las que entonces se pronunciaron.

Para la pequeña historia del Tribunal, aunque no se si también para vergüenza de quienes propusieron su nombramiento, queda que el Magistrado del ala conservadora que iba a ser el ponente de la sentencia se mostró partidario de otorgar amparo y anular la sanción por considerar que la condena vulneraba la libertad de expresión del sindicalista. Fue desautorizado por la mayoría de los miembros del Tribunal y se hizo necesario cambiar de ponente hasta obtener al final una sentencia como la expresada, aunque cinco votos particulares discrepantes, incluido el del ponente inicial.

Este artículo no pretende entrar en cuestiones jurídicas. Mi atención se centra únicamente en que, como se dijo en la sentencia, las expresiones anteriores generaron en la autoridad y personal militar, ajenos al conflicto laboral, “un intenso sentimiento de humillación, proporcional a la gravedad del ultraje”.

El mismo sentimiento de humillación que muchos sufrimos ante las muestras de intolerancia y de deseo de exclusión que algunos proyectan hacia todos los que defendemos y sentimos la bandera como uno de nuestros símbolos de identidad nacional y propio.

El último caso lo estamos viviendo en Santander, en Puertochico, con ocasión de reposición de la bandera que tuvo que retirarse en septiembre pasado por rotura del mástil.

La verdad es que ya no nos resulta ya sorprendente que una formación política como el PSOE haga demagogia con la reinstalación de la bandera. Apunta que sería mejor destinar su coste a emergencia social. Tienen mucho más fácil emplear las subvenciones que reciben en esa misma finalidad, como otros hemos hecho, en lugar de jugar con los símbolos de todos.

Y tampoco nos sorprende que, con un gobierno municipal conservador en Santander, se hayan cumplido ya diez meses desde la retirada de la bandera sin que conozcamos todavía a ciencia cierta la fecha en que va a ser repuesta en su lugar. En el Tribunal Constitucional al menos cambiaron de ponente. Aquí no sé si podría pasar lo mismo.