La “prioridad nacional” y sus dobles varas
Lo de la “prioridad nacional”, impulsado por Vox, aceptado con reservas por el PP en Extremadura y Aragón, y calificado por otros como un retorno al fascismo o al nazismo, es —como dirían los juristas— ambiguo y de escasa base legal. Requeriría reformas profundas, incluida la Ley de Extranjería, hoy inviable por pura aritmética parlamentaria. Y aunque dentro de un año gobernaran PP y Vox, tampoco sería sencillo: el artículo 14 de la Constitución consagra la igualdad ante la ley, y existen además tratados internacionales y compromisos en materia de derechos humanos.
En un Estado social y de derecho, debe prevalecer la dignidad de la persona por encima de cualquier otra consideración, algo que no es incompatible con el respeto a la legalidad. Lo que plantea Vox parece, en buena medida, un brindis al sol, aunque incorpora elementos demagógicos preocupantes, como la retirada de ayudas a ONG que trabajan con inmigrantes en situación irregular, incluidas organizaciones vinculadas a la Iglesia. Una paradoja, teniendo en cuenta el perfil de parte de su electorado.
Hay dos cuestiones de fondo. La primera: Europa sigue siendo una puerta abierta. Quien huye de la violencia, la guerra o la miseria ve en nuestro continente una promesa de dignidad y futuro. La realidad, sin embargo, suele ser más dura: explotación laboral, marginalidad, centros saturados, precariedad. Pero la percepción de oportunidad persiste. En lugar de apostar por una integración real —idioma, formación, reglas democráticas—, muchas veces se opta por la dejadez o la explotación silenciosa.
La segunda cuestión es la doble vara de medir en otras “prioridades nacionales”. En Cataluña, por ejemplo, se ha planteado que el conocimiento del catalán sea requisito para determinados certificados o empleos, mientras se limita la presencia del español en ámbitos educativos o comerciales. En el País Vasco existen singularidades competenciales que otras comunidades no tienen. Cada territorio define sus prioridades. La diferencia es que unas se presentan como legítima defensa cultural y otras como amenaza estructural.
Quizá la verdadera prioridad nacional debería ser otra: una regularización ordenada y eficaz, controles justos, presupuestos anuales, lucha real contra la corrupción, respeto institucional y consensos básicos. Eso sí sería fortalecer el Estado.
Reducir todos los problemas —sanidad, educación, vivienda, salarios— a la inmigración es una simplificación peligrosa. Alimenta el populismo, tanto de izquierdas como de derechas. Y desplaza la responsabilidad donde no corresponde.
Las dificultades no nacen de quienes llegan buscando una oportunidad, sino de malas políticas, falta de acuerdos y liderazgo insuficiente. Cuando se sustituye la gestión por el eslogan, la convivencia se resiente.
La convivencia justa no se construye con consignas. Se construye con leyes claras, políticas eficaces y respeto a la dignidad humana.