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El Diario de Cantabria

El perverso descrédito de los jueces

El perverso descrédito de los jueces

Más pronto que tarde tendremos un nuevo Consejo General del Poder Judicial. Por acuerdo o por fatiga democrática se resolverá una grave anomalía democrática. Pero, salvo sorpresa mayúscula, ese próximo Consejo será el peor, el menos democrático, el más sectario y el menos independiente de la democracia. Y cada decisión que tome será criticada no con argumentos jurídicos sino políticos, en el peor sentido de la palabra. Serán vocales con el carné en la boca.

Tan legítimos y democráticos como todos los que han pasado en la ya larga historia del Consejo, pero viciados por culpa de quienes no quieren mejorar la justicia sino controlar los altos tribunales, esos que pueden jugar sus decisiones y sus responsabilidades penales.

Las asociaciones judiciales que proponen los candidatos, en su inmensa mayoría, están ya absolutamente contaminadas y, casi me atrevo a decir, desacreditadas por los partidos que mueven los hilos. Y, lo que es más grave, los ciudadanos sospecharán sobre los jueces, sobre todos los jueces, sobre la justicia y la legitimidad de esas decisiones.

Sánchez, el jefe del Gobierno, no llama a Casado, el líder de la oposición para negociar sino para imponer. Y Casado no escucha para acordar sino para rechazar. Cada uno tiene un nivel de responsabilidad, aunque es mayor la del Gobierno, como es lógico, que se acentúa con la permisividad que demuestra con su socio de Gobierno, un caballo de Troya dentro del Gabinete.

Sánchez y su socio quieren dinamitar el actual Consejo del Poder Judicial -tan irregular en su continuidad como legítimo en sus decisiones pese a estar en funciones- impidiéndole actuar, lo mismo que antes intentaron cambiar las reglas de juego constitucionales para su elección. Solo frenaron cuando Europa los llamó al orden.

Lo malo no es que el Consejo del Poder Judicial se desacredite más. Lo malo es que los políticos están desacreditando a todos los jueces. En el debate en el Congreso sobre esta ley que restringirá los poderes del órgano de Gobierno de los jueces, los diputados hablaron de jueces «franquistas», «fascistas», «prevaricadores», «comprados», «violadores de los derechos humanos» y hasta «delincuentes» o «amenaza para la convivencia». Los que quieren meter las manos y los pies en la Justicia, en lugar de defender y respetar un Poder del Estado independiente, piden a los jueces que saquen las suyas de la política, es decir, que miren para otro lado cuando ellos delinquen.

Unos y otros saben que el problema de la Justicia no son los jueces y ni siquiera el Consejo General del Poder Judicial, aunque habría que cambiar su sistema de elección.

Tenemos jueces buenos e independientes, la mayoría, jueces normales y jueces malos. Como en todas las profesiones. Hay que mejorar y adecuar su formación a la realidad actual, pero el conjunto es bueno. Desde luego no es peor que otras muchas profesiones. Pero la justicia, como la educación o la sanidad, son derechos fundamentales para los ciudadanos.

Los políticos saben que el problema de la justicia no son los jueces y ni siquiera el sistema de instrucción que ahora se quiere cambiar.

El problema es la mala organización y la lentitud de la justicia -se están señalando juicios para 2024 y hay procesos que duran más de 15 años-; la falta de medios personales -jueces, fiscales, letrados, personal auxiliar-; y materiales -los juzgados carecen de los más básico, Lexnet es un mal correo electrónico, hay nueve sistemas operativos que no se comunican entre sí, algunos edificios se caen de puro viejo-; la dependencia de tres Administraciones -el Ministerio, las comunidades autónomas y el propio Poder Judicial- y muchas más cosas que no cabe en un artículo pero que los políticos no quieren resolver.

No les importa. Están preocupados por el control de la Justicia no por los jueces ni por los ciudadanos. Están aumentando la desconfianza de los ciudadanos en los jueces y en la justicia.

Y están desacreditando a muchos excelentes profesionales -en su mayoría mal pagados- desde el más modesto juzgado de instrucción al mismo Tribunal Supremo.

Si no es intencionado, lo parece.

El perverso descrédito de los jueces
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