Lo escribió alguien absolutamente próximo al actual Gobierno: "El Estado de derecho, el imperio de la ley es la base de la democracia europea por encima de cualquier otro concepto". ¿Y qué pasa si un Gobierno está dispuesto a saltarse la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho? Pues que se prostituye la Justicia y la propia democracia.

No es sólo que el Consejo General del Poder Judicial lleve cinco años bloqueado por decisión de los dos grandes partidos nacionales y del propio Gobierno pese a las denuncias de Europa.

No es solo que los presidentes del Congreso y del Senado en la legislatura anterior y en la actual hayan incumplido su obligación de poner en marcha, como la ley les obliga, la elección de los vocales de este organismo porque no les dejan sus respectivos partidos.

No es sólo que el Tribunal Supremo tenga un treinta por ciento de vacantes que no puede cubrir y sus sentencias se dilaten incluso el doble de tiempo con los perjuicios consiguientes.

No es sólo que la huelga de los letrados y la de los funcionarios, así como el aviso de los jueces y fiscales, hayan retrasado millones de juicios y de decisiones judiciales, que se estén convocando juicios para dentro de tres o de cuatro años, que se suspendan luego por imposibilidad de cumplir los horarios que se fijan o por otras razones absurdas y que las sentencias lleguen aún más tarde.No es sólo que todo eso lo estén pagando los propios jueces y fiscales, que no pueden hacer su trabajo en tiempo y forma; los abogados, que no pueden decir a su cliente cuándo se va a celebrar su juicio y que han perdido gran parte de sus ingresos por las huelgas citadas; o, sin duda los grandes perjudicados, los ciudadanos que no reciben justicia, que no saben cuándo se podrán resolver asuntos urgentes y graves que condicionan su vida, que no pueden cobrar lo que un juez ha dictaminado, que no reciben pensiones o salarios que les corresponden tras un despido...

Es, además, una vicepresidenta del Gobierno que se reúne con un delincuente fugado, se parte de risa mientras negocia con él, le convierte en víctima en lugar de culpable y pone en ridículo a los jueces españoles que, como es su deber, están tratando de que sea devuelto a España para que pague por sus actos, como hicieron otros compañeros de delitos.

Es un presidente que no solo no cesa a la vicepresidenta de su Gobierno, sino que estudia y ve posible amnistiar, saltándose la Constitución, a ese delincuente -y a otros cuantos miles- que se burla de los jueces y de los tribunales que le tienen que juzgar, que exige que la Fiscalía rectifique antes de empezar a "negociar" otras condiciones con él con él y con otros, incluida la forma de Estado, para garantizar su investidura y no tener que repetir elecciones por si las pierde y se acaba el chollo.

Es un presidente dispuesto a "desjudicializar" los asuntos que le impiden seguir en el poder, mientras lleva al Tribunal Constitucional el asunto de unos votos nulos, ya desestimado por el Supremo, porque estima que la mayoría de sus miembros, colocados desde su partido, serán complacientes.

Es un escándalo bochornoso cómo los dos grandes partidos, los presidentes del Congreso y del Senado -y todos nosotros- permitimos esa degradación de la Justicia y esa falta de respeto al Estado de Derecho. Son, de alguna forma, los proxenetas de la justicia, los que la han echado a la calle, los que la usan a su conveniencia, abusan de ella y, si es preciso, no tienen empacho en violarla. Y todo eso, en las vísperas de la apertura del Año Judicial, mientras nos entretenemos -nos entretienen- con las golferías de Rubiales. Y luego piden a los ciudadanos que confíen en los jueces y en la Justicia.