Unas de las críticas más habituales y contundentes que hace la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder, que su intención es la ocupación de las instituciones del Estado y que para ello estaría dispuesto a saltarse determinadas líneas rojas para la renovación del Tribunal Constitucional. Es decir, sabían lo que podía pasar, porque el propio Sánchez no lo ha ocultado y sin embargo se han empecinado en las posiciones de bloqueo sin tener en cuenta que quien controla el Boletín Oficial de Estado y cuenta con la suficiente mayoría parlamentaria puede alterar los usos y costumbres que se consideraban tradicionales mediante el cambio de las leyes.  

Cuando se acusa al Gobierno de tratar de cambiar las mayorías conservadoras en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial se obvia interesadamente que son dos instituciones en las que todos o una parte de sus miembros tiene el mandato caducado: en el caso de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, desde hace más de cuatro años, y en el de cuatro magistrados del TC desde el pasado mes de junio. A lo largo de este tiempo el Gobierno ha ido promulgando leyes para presionar al CGPJ caducado, le ha quitado su principal competencia, la del nombramiento de los jueces para los altos tribunales y se la devolvió solo para que nombrara a los dos magistrados del TC que tenían que acompañar a los otros dos designados por el Gobierno para cambiar el tercio que correspondía, a lo que también han dado largas.  

La acusación a Pedro Sánchez de que pretende culminar el asalto a las instituciones mediante el doblegamiento del CGPJ a través del cambio de las mayorías necesarias para que designe a sus magistrados del TC  y además permitir a esta institución la toma de posesión de los magistrados nombrados por el Gobierno, sin esperar a los que proponga el órgano de gobierno de los jueces, tendría más fuerza si no existiera la sensación de que el CGPJ se encuentra secuestrado por parte de los vocales conservadores elegidos a propuesta del PP, de los intentos de volver a controlar este órgano por la puerta de atrás, y por la cantidad de excusas cambiantes que han utilizado a lo largo de lo que va de legislatura para evitar la renovación. Es decir, desde el PP critican al Gobierno de hacer lo mismo que ellos han hecho,   

Pero sabiendo, como saben, que Sánchez no iba a dejar pasar la oportunidad, además de utilizar el argumento de que el PP se opone a cumplir la Constitución, a partir del próximo año el TC va a tener una mayoría progresista con la que los dirigentes populares tendrán que convivir durante la próxima legislatura si gana las elecciones -como prevén las encuestas, por ahora-, de tal forma que lo más probable es que todas la leyes progresistas del Gobierno de coalición recurridas por el PP, Vox y Ciudadanos,  sean validadas y, en sentido contrario, que vean rechazadas por inconstitucionales las que promulguen y sean recurridas por los partidos de izquierdas. Porque el enroque de ambas partes ha llevado a que con los candidatos elegidos no quepa ninguna duda acerca del compromiso con el partido proponente.   

Tras resolver la renovación del TC queda pendiente la del CGPJ, en una situación anómala desde hace cuatro años, que el Gobierno puede tener la tentación de resolver por la misma vía de cambiar la ley.