En la democracia que a mí me gustaría, cuando en una sesión de control parlamentaria al Gobierno la oposición pregunta al presidente si sabía o no que el Centro Nacional de Inteligencia tenía pinchados los teléfonos de independentistas catalanes, entre ellos el del vicepresidente de la Generalitat, una respuesta honrada solo puede ser 'sí' o 'no'. Bueno, de hecho solo puede ser 'sí', porque los estatutos del Centro exigen que, antes de proceder a controlar a alguien, el Gobierno lo solicite y, además, si mis fuentes no fallan, por escrito. De manera que lamento decir que el Ejecutivo mintió cuando dijo hace dos semanas que desconocía a quiénes vigila el CNI. Impensable e increíble. Pero no importa: la sensación de impunidad ante la falsía es tal que las 'fake' se lanzan a sabiendas de que nadie va a creerlas, pero y qué.

Entonces, entiendo que es obligación de la oposición interrogar lisa y llanamente, como este miércoles hizo la portavoz 'popular' con el presidente, sobre un particular que arroja escasa credibilidad sobre las afirmaciones gubernamentales. Y ya digo: el presidente puede reconocer paladinamente que 'sí' se sabía que los teléfonos de Pere Aragonés y otros estaban controlados o, aludiendo si se quiere a razones de conveniencia de Estado, insistir en la mendaz negativa.

Lo sorprendente es que el presidente, siguiendo lo que ya empieza a ser una costumbre inveterada, simplemente no contesta: sus respuestas consisten invariablemente en atacar a la oposición por hacer eso, de oposición -que tampoco digo que lo esté haciendo bien-, trufando su escapismo a veces incluso con una descalificación o directamente con un insulto. La semana pasada, llamó "mangantes" a los del PP.

Este miércoles se columpió calificando de 'piolines' a los guardias civiles y policías que fueron trasladados --una vergüenza, eso sí-- al puerto de Barcelona en un crucero adornado con el popular pollito de la Warner para que reprimiesen el referéndum ilegal convocado para el 1 de octubre de 2017. Claro, las Fuerzas de Seguridad se han enfadado ante la 'gracieta' de Pedro Sánchez, cada vez más incapaz de controlar sus ínfulas parlamentarias cuando se siente agredido por una pregunta a la que no piensa ni remotamente responder.

Las sesiones de control de los miércoles en el Congreso de los Diputados --bueno, y las de los martes en el Senado-- se han convertido en un ejercicio político inútil, donde unos poco experimentados que no son precisamente Castelar lanzan abruptas preguntas al Gobierno, y donde este se limita a salir por peteneras sin entrar casi nunca en el fondo de la pregunta. Cualquier tribunal de oposiciones suspendería a preguntadores y preguntado, mientras la presidenta de la Cámara hace oír su voz de patio de colegio: "silencio, señorías", y sus señorías aplauden a rabiar las preguntas tontas y las respuestas vanas de los representantes de su bancada.

Creo que es hora de acabar con un espectáculo semanalmente bochornoso, indigno de una democracia de altura como quiere ser --y no es-- la española. Urge una reforma del Reglamento del Congreso para que la presidencia independiente --que por supuesto no lo es-- esté obligada a instar al Gobierno a responder de manera efectiva, sin rodeos y menos aún con descalificaciones genéricas a lo que la oposición pregunta. Y si, de paso, insta a ciertos portavoces de la oposición a realizar un control que sea efectivo e informativo para la ciudadanía, mucho mejor. Porque, de esta manera, lo único que se hace es un ejercicio de cinismo político. Y así, semana tras semana.

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