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El Diario de Cantabria
Fernando Jáuregui
17:01
6/04/20

La pandemia de las querellas

La pandemia de las querellas

Lo anuncia alguien, Margarita Robles, que, por encima de ministra de Defensa, es una experimentada jurista: ahora viene una época de querellas y demandas. Va a ser la hora de los juristas, después de que -esto, claro, no lo dice ya la ministra_ el Derecho y los derechos se hayan visto en riesgo de vulneración, si no claramente vulnerados, por un estado de alarma derivado en casi un estado de excepción.

La verdad y, en segundo lugar, el Derecho, son las dos primeras víctimas en una guerra. La tercera, las libertades. Y guerra es, al fin y al cabo, una pandemia que obliga, y permite, a las autoridades el bordear algunas leyes que no contemplan excepcionalidades y facultan a restringir libertades a veces hasta un punto que los ciudadanos podrían considerar excesivo.

La última gran polémica entre los juristas a los que los medios han consultado ha sido ese proyecto de 'reclusión de portadores' que alberga el hoy omnipotente Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Se planea recluir a cuánta gente? ¿Tras realizar qué tests de presuntos infecciosos? ¿Por cuánto tiempo y en qué condiciones? Me parece muy serio lanzar una idea genérica, sin que vaya acompañada de las correspondientes garantías jurídicas y sociales. Eso, claro, suponiendo que un tal proyecto, tan preocupante, pudiera realizarse, cuando ni siquiera somos capaces, nos lo reconocen, de cuantificar exactamente el número de infectados, que acaso sean probablemente cinco, seis o siete veces más que los oficialmente censados. Nadie lo sabe.

Es apenas una de las muchas controversias que restan buena parte de la credibilidad y la seguridad jurídica a un país que, como España, adolece de falta de una legislación adecuada tanto para regular catástrofes como para defender al Estado de tentaciones secesionistas, por ejemplo, como ha quedado patente con el 'problema catalán' y los presos golpistas.

Muchas veces he pedido una mayor involucración de las gentes del Derecho en los asuntos políticos de un país regido por 'políticos puros', pero no por juristas, contra lo que sí ocurrió en épocas más afortunadas. Ahora nos vamos a encontrar con cientos de miles de demandas y querellas contra el Estado (o contra el Gobierno, o contra determinados ministros), contra algunas instituciones, contra empresas públicas y privadas que, a juicio de los demandantes y querellantes, no han cumplido contractualmente: cuando se paraliza un país, como nos ha ocurrido, habría de tener una infraestructura legal mucho más sólida que la nuestra como para garantizar un perfecto funcionamiento de todas las estructuras, de todos los engranajes.

¿Está el Estado, está el Ejecutivo, está el mundo judicial, preparados para esta avalancha que se viene? La verdad, lo ignoro, aunque sospecho que habrá inmensos retrasos, colapsos y controversias en los Juzgados. Es, junto con la ecopandemia, la infopandemia y la demopandemia, otra de las plagas que sin duda nos vienen una vez que logremos estabilizar las curvas sanitarias. Un Estado de derecho tiene que estar en disposición y con capacidad de acoger las reivindicaciones de los ciudadanos que en estos tiempos hayan podido verse injustamente tratados, desde los que no pudieron viajar y no han recuperado su dinero hasta los familiares de aquellos a los que se negaron respiradores.

La normalización también tendrá que alcanzar a este previsible atasco judicial: muchos juicios están pendientes y muchos más, como digo, nos vienen. Ya sé que acaso existen otras materias de solución quizá más angustiosa en un país en el que seguramente casi dos millones de personas perderán sus trabajos, en un país que tiene pendiente llorar a casi catorce mil muertos. Pero de ninguna manera podrá minimizarse la importancia de las reclamaciones ante los tribunales de quienes se sienten maltratados o estafados por una situación que a todos nos arrolla. La pregunta que cabe hacerse es, insisto, si España está lista para afrontar esta nueva consecuencia de la pandemia. Y me temo que, como nos ha ocurrido en el sector sanitario, en el terreno de la Justicia tampoco del todo.

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