La liturgia laica del 1º de Mayo nos ha dejado estampas de manifestaciones conjuntas de CC.OO. y UGT en diversas capitales del país. La más numerosa, la celebrada en Madrid, no pasará a la historia por el número de asistentes. Diez mil asistentes según la Delegación del Gobierno. Sí lo hará por la ausencia de críticas a la política laboral del Gobierno pese a que España, con el 13,7 % de desocupados según la EPA (3.127.999), es el país de la Unión Europea con el mayor número de parados.

La presencia de seis ministros entre los manifestantes, singularmente Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, aclara la excelente sintonía con el Ejecutivo por parte de sindicatos que no hace tanto convocaban huelgas generales para denunciar las políticas del Gobierno de turno. A Felipe González le convocaron tres. Una por la reforma de las pensiones, otra por la el subsidio de desempleo y una más por la reforma laboral. La de 1988 paralizó España.

También le hicieron dos huelgas a José María Aznar, una por la reforma del desempleo y otra por la participación de nuestro país en la guerra de Iraq. A Rodríguez Zapatero le tocaron dos. Una en protesta por una reforma laboral y la congelación de las pensiones y otra por una segunda reforma . Dos, también, le convocaron a Mariano Rajoy. Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa las mareas sindicales han dado paso a una llamativa calma chicha sindical. Inducida --según algunas críticas-- por el incremento en las subvenciones que reciben del Ejecutivo: 17 millones de euros para 2023, un 22,5% más que en años anteriores.

Los dirigentes actuales de los dos principales sindicatos coinciden en un relato en el que todas sus críticas señalan a la patronal CEOE como responsable de una política restrictiva en materia de salarios. En ese relato no hay la menor referencia al Ejecutivo que tiene en pie de huelga a miles de empleados públicos: jueces, fiscales, letrados de Justicia y funcionarios reclamando mejoras salariales y qué, tras cinco años gobernando, sigue sin dar con la tecla para acabar o cuando menos reducir la altísima tasa de paro entre los jóvenes.

Paro que va unido a una elevada precariedad en el empleo dado lo abultado de los contratos temporales. Las direcciones actuales de estos sindicatos, más que defender los intereses de aquellos a quienes dicen representar, hacen política y no lo disimulan. Su apoyo explícito a la ministra de Trabajo y candidata a presidir Sumar, una plataforma que concurrirá a las próximas elecciones legislativas, por lo que tiene de ausencia de precedentes, constituye una novedad al tiempo que una curiosa anomalía en la estructura del sistema de contrapesos que caracteriza a los sistemas democráticos. De ahí la pregunta que encabeza este apunte.