Si fuera cierto como se ha venido publicando sin que los aludidos lo hayan desmentido o precisado qué siguiendo instrucciones venidas de La Moncloa el detonante de la crisis que ha hecho saltar por los aires la cúpula de RTVE eran las discrepancias que mantenían sus directivos acerca de la conveniencia o no de contratar a un cómico estaríamos ante la prueba de qué, definitivamente, no hay argumento posible capaz de defender la existencia de una empresa pública ruinosa como a la postre resulta ser TVE pese a disponer de un presupuesto de 1.193 millones de euros. Perdió hace tiempo el liderazgo informativo y perdida tienen la mayoría de sus programas credibilidad e independencia por su exceso de entrega a las directrices políticas del Gobierno.

Resulta difícil defender la continuidad de esta televisión pública- que pagamos los contribuyentes - y que demuestra ser incapaz de promover un modelo de programación propio alejado de algunas de las servidumbres populacheras que despachan otras cadenas. Tampoco es defendible la constante y muy extractiva contratación de productoras que aportan contenidos que rara vez concitan la aceptación de los telespectadores.

A la postre, la creación de contenidos y programas que se buscan fuera bien podrían ser realizados por los profesionales de dentro visto que RTVE dispone de una plantilla de 6.500 personas. Es grande la sospecha de que detrás del negocio de las productoras están personajes próximos al Gobierno o profesionales a los que por idéntica circunstancia se les contrata para presentar programas mientras se ningunea a los periodistas y guionistas de la Casa. El chusco episodio del intento de contratación del cómico ilustra el grado de servidumbre a las directrices políticas externas que venían aceptando los directivos ahora destituidos en razón de un fuego cruzado de los consejeros elegidos por los partidos.

La decadencia del modelo y su costosísima existencia parece que está pidiendo a voces una refundación -volviendo a la autofinanciación a través de la publicidad, como fórmula de alivio para el erario - y al cumplimiento de los principios de "objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones separadas de las opiniones, el respeto al pluralismo, la vida privada y cuantos derechos y libertades reconoce la Constitución tal y como proclama el Estatuto de RTVE.