Una trama de poder y corrupción: el caso que desborda al sanchismo
Por si quedaban dudas, los acontecimientos de los últimos días han arrojado una certeza incómoda: la corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez no es una anomalía puntual, sino una estructura enquistada que se remonta al inicio mismo de su mandato. No se trata, por tanto, de una deriva, sino de una génesis.
Desde 2020, cuando salieron a la luz escándalos como el Delcygate o el irregular caso mascarillas, el nombre de José Luis Ábalos emergió como emblema de una manera de gobernar donde la opacidad, el clientelismo y el beneficio personal parecían moneda corriente. Y sin embargo, ni esas revelaciones ni los posteriores indicios bastaron para provocar un verdadero corte ético en el seno del poder. Muy al contrario: la maquinaria siguió funcionando y se expandió.
Ahora, nuevos informes de la Guardia Civil confirman que la red se infiltró en al menos seis ministerios. El caso de los hidrocarburos es particularmente revelador: una trama empresarial, necesitada de licencias para operar, que encontró acogida en los despachos de Transportes, Industria y Transición Energética. Al frente de este último, Teresa Ribera, cuya firma se ha vuelto clave en el trazado de este escándalo.
El otro gran vector es el de los rescates aéreos de Plus Ultra y Air Europa, aprobados por un Consejo de Ministros en bloque, pero orquestados desde la SEPI, organismo dependiente de Hacienda, donde María Jesús Montero —hoy número dos del Gobierno— ejercía como voz autorizada. En esas reuniones, los representantes de Economía, Transición Ecológica, Industria y Transportes participaron activamente.
El arresto esta semana de Vicente Fernández, primer presidente de la SEPI bajo Sánchez, supone un hito. Fernández, tras abandonar la institución, recaló en una empresa navarra, Servinabar, de la cual hoy sabemos que el 45% pertenecía a Santos Cerdán. Esta firma recibía mordidas por adjudicaciones públicas provenientes del propio Ministerio de Ábalos.
Las conexiones no terminan ahí. Servinabar compartía domicilio social en Madrid con empresas del grupo Forestalia, gigante de las renovables que también ha sido registrado por las autoridades. Entre las sociedades colindantes figura la empresa familiar de Susana Sumelzo, hoy secretaria de Estado para Iberoamérica, cuyas ingresos se multiplicaron tras la llegada del PSOE al poder.
¿Casualidad o estructura? Cuando sumamos las relaciones entre cargos públicos, empresas familiares, adjudicaciones cruzadas y beneficios desproporcionados, la hipótesis de una red articulada se vuelve cada vez más sólida. Una red no sólo tolerada, sino presuntamente promovida desde la cúpula del poder.
Y aún no hemos hablado del entorno íntimo del presidente: enchufes, privilegios, tráfico de influencias y la sombra cada vez más presente de un posible conocimiento directo. ¿Era todo fruto del caos o el reflejo de una planificación meticulosa bajo el paraguas del partido?
Estamos ante un escándalo sin parangón en democracia. Una mancha que no se limita a individuos, sino que alcanza a instituciones, estructuras y a una forma de entender el poder como botín. Desde este periódico lo advertimos hace años. Hoy, España entera lo observa. La Justicia, que avanza con la serenidad de los procesos complejos, acabará por desenmarañar la telaraña. Y con ella, la historia completa de un régimen que confundió Estado con patrimonio propio.