El sanchismo ya no busca gobernar: busca protegerse
Cada nuevo escándalo que rodea al PSOE empieza a dibujar un patrón demasiado reconocible como para seguir hablando de casos aislados, errores puntuales o simples excesos de partido. Lo que empieza a emerger es algo mucho más inquietante: la utilización del poder político no sólo para conservar el Gobierno, sino para proteger una estructura cada vez más cercada judicialmente.
Ésa es la verdadera gravedad del llamado caso de la “fontanera”.
Porque aquí ya no hablamos únicamente de comisiones, enchufes, favores o financiación opaca. El núcleo de las sospechas es mucho más demoledor. Lo que describen las investigaciones judiciales es la posible existencia de operaciones destinadas a interferir en causas judiciales, fabricar información comprometedora contra jueces, fiscales o agentes policiales y sabotear investigaciones que afectaban al entorno del poder.
Es decir: utilizar recursos y estructuras vinculadas al partido del Gobierno para defenderse del Estado de Derecho.
Eso cambia completamente la dimensión del problema.
Toda democracia soporta casos de corrupción. Lo verdaderamente peligroso comienza cuando quienes gobiernan empiezan a percibir jueces, policías o fiscales no como servidores públicos independientes, sino como enemigos políticos a neutralizar.
Y exactamente ahí parece haber entrado el sanchismo.
Resulta especialmente revelador el contexto temporal que señala el propio auto judicial: la imputación de Begoña Gómez, la famosa carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía y aquellos cinco días de “reflexión” convertidos después en una gigantesca operación emocional de propaganda política.
Hoy empieza a entenderse mucho mejor aquella maniobra.
No se trataba de una crisis sentimental.
No era un ejercicio de vulnerabilidad política.
Era una estrategia de victimización diseñada para convertir una investigación judicial en un supuesto ataque contra la democracia, preparando así el terreno para la contraofensiva política, mediática e institucional posterior.
El sanchismo lleva años construyendo exactamente ese marco mental: cualquiera que investigue, cuestione o fiscalice al poder pasa automáticamente a convertirse en un “ultra”, un conspirador, un fascista o un enemigo del progreso.
La oposición es ilegítima.
La prensa crítica es odio.
La Justicia es lawfare.
La Guardia Civil conspira.
Y los jueces son peligros para la democracia.
Todo vale con tal de desacreditar cualquier mecanismo de control institucional.
Por eso resulta casi cómica la reacción de los socios parlamentarios del PSOE, escandalizados únicamente ante la posibilidad de una financiación irregular mientras miran hacia otro lado ante algo potencialmente mucho más grave: la utilización de estructuras opacas para intentar condicionar procedimientos judiciales y operaciones policiales.
La línea roja no parece ser la degradación democrática.
Ni la corrupción institucional.
Ni el posible espionaje político.
Ni las cloacas.
La única línea roja es que la contabilidad cuadre formalmente.
Mientras tanto, España asiste atónita a una deriva donde cada semana aparece un nuevo episodio incompatible con la normalidad democrática que se presupone a una democracia europea seria.
Un fiscal general procesado.
El entorno familiar del presidente investigado.
Altos cargos bajo sospecha.
Operaciones parapoliciales.
Campañas de intoxicación.
Presiones mediáticas.
Y una ocupación cada vez más agresiva de todas las instituciones del Estado.
El problema ya no es únicamente la corrupción.
El problema es que el sanchismo parece haber asumido que perder el poder puede significar enfrentarse a todas las consecuencias acumuladas durante estos años. Y cuando un proyecto político llega a esa conclusión, deja automáticamente de gobernar para los ciudadanos y empieza a gobernar exclusivamente para sí mismo.
Ésa es la verdadera amenaza.
No un caso concreto.
No un sumario.
No una grabación.
Sino la transformación progresiva del Estado en un mecanismo de autodefensa política al servicio de un liderazgo que percibe cualquier límite institucional como un obstáculo personal.
Y ése es exactamente el punto en el que las democracias empiezan a deteriorarse de verdad.