El juicio al sanchismo: un sistema de corrupcion
Durante años, Pedro Sánchez construyó su relato político sobre una idea muy concreta: él representaba la regeneración frente a la corrupción del pasado. Llegó a Moncloa utilizando precisamente ese discurso. La moción de censura contra Mariano Rajoy se levantó sobre la supuesta superioridad ética del PSOE frente a un Partido Popular desgastado por los escándalos.
Hoy, ocho años después, el panorama resulta devastador.
El sanchismo aparece cercado por investigaciones, sumarios, grabaciones, contratos bajo sospecha, enchufes en empresas públicas, comisionistas, mordidas presuntas y un deterioro institucional que ya no puede ocultarse bajo campañas de propaganda o discursos grandilocuentes.
Y el juicio del caso mascarillas se está convirtiendo, poco a poco, en el gran retrato moral de esta etapa política.
La pandemia como escenario del abuso
Hay algo especialmente repugnante en todo esto. No hablamos de cualquier momento histórico. Hablamos de los peores meses que ha vivido España en décadas.
Mientras miles de familias lloraban a sus muertos, mientras los sanitarios trabajaban exhaustos, mientras los autónomos cerraban negocios y millones de ciudadanos vivían encerrados entre el miedo y la incertidumbre, alrededor del Ministerio de Transportes se movía otra realidad paralela.
Una realidad de contratos acelerados, relaciones privilegiadas, pisos de lujo pagados por terceros, amantes colocadas en empresas públicas, favores políticos y presuntas contraprestaciones económicas.
El contraste es moralmente insoportable.
Porque mientras el ciudadano obedecía, sufría y pagaba impuestos, algunos parecían utilizar el Estado como si fuera una agencia privada de colocación y favores.
Las pruebas ya no son humo
Durante mucho tiempo el sanchismo intentó vender todos estos escándalos como bulos, campañas de la derecha, conspiraciones mediáticas o exageraciones interesadas.
Ese relato empieza a derrumbarse.
La UCO ya no habla de intuiciones políticas ni de rumores periodísticos. Habla de mensajes, audios, movimientos bancarios, pagos en efectivo, conversaciones grabadas y testimonios que encajan entre sí.
Habla de «txistorras» para referirse a billetes de 500 euros. Habla de alquileres sufragados por empresarios próximos a la trama. Habla de presuntas donaciones vinculadas a adjudicaciones públicas. Habla de una estructura donde Koldo actuaba como ejecutor, Ábalos como referencia política y Aldama como intermediario económico.
Y cuanto más avanza el juicio, más difícil resulta sostener que todo es una simple coincidencia.
Ábalos, símbolo de una época
José Luis Ábalos no es un personaje secundario dentro del sanchismo. Fue uno de los hombres más poderosos del Gobierno. Secretario de Organización del PSOE. Ministro. Mano derecha política de Pedro Sánchez durante años.
Fue el encargado de sostener al líder socialista en los momentos más difíciles. El hombre fuerte del aparato. El ejecutor político.
Por eso el juicio no afecta únicamente a su figura personal. Afecta al corazón mismo del proyecto político de Sánchez.
Y cuanto más intenta el presidente marcar distancias, más evidente resulta la contradicción: cuesta creer que un dirigente obsesionado con el control absoluto desconociera durante años lo que ocurría a pocos metros de su despacho.
La degradación institucional
Pero quizá lo más grave de todo no sea ni siquiera el dinero.
Lo verdaderamente peligroso es la degradación institucional que deja este proceso.
Porque el caso mascarillas no aparece aislado. Llega después de años de colonización política de organismos públicos, de ataques permanentes a jueces y periodistas críticos, de utilización partidista de instituciones y de una obsesiva construcción propagandística basada en dividir a los españoles entre buenos y malos.
Todo ello ha generado una sensación cada vez más extendida de que el poder dejó de entenderse como un servicio público para convertirse en un mecanismo de supervivencia política.
El objetivo ya no era gobernar mejor. El objetivo era resistir.
La Fiscalía y el cierre de filas
Y en ese contexto resulta imposible ignorar la creciente sospecha sobre el papel de algunas instituciones.
La polémica decisión de limitar beneficios procesales a Aldama pese a su colaboración, los intentos constantes de desacreditar investigaciones incómodas y el clima de presión política sobre cualquier causa sensible alimentan una percepción devastadora: la de un poder intentando protegerse a sí mismo.
Quizá esa sea hoy la herida más profunda de la democracia española.
No solo la existencia de posibles tramas corruptas, sino la sensación de que el sistema entero empieza a doblarse cuando las investigaciones se acercan demasiado al núcleo del Gobierno.
El agotamiento del relato
Durante años, Pedro Sánchez logró sobrevivir políticamente gracias al control del relato. Polarización, marketing, propaganda, victimismo y una capacidad extraordinaria para desplazar la atención pública.
Pero llega un momento en el que los relatos chocan contra la realidad.
Y la realidad empieza a ser demasiado pesada.
Porque cada nuevo informe de la UCO, cada declaración judicial y cada revelación pública erosionan algo mucho más importante que una mayoría parlamentaria: erosionan la credibilidad moral del Gobierno.
El principio del final político
Los gobiernos rara vez caen de golpe. Se desgastan lentamente. Primero pierden autoridad moral. Después pierden credibilidad pública. Finalmente, pierden legitimidad emocional ante los ciudadanos.
Y el sanchismo empieza a transmitir exactamente eso: agotamiento, desgaste y decadencia.
Ya no proyecta ilusión política. Proyecta resistencia numantina.
Ya no convence. Sobrevive.
Y mientras el juicio avanza, cada vez más españoles empiezan a hacerse la misma pregunta: ¿cómo pudo llegar tan lejos todo esto?
La respuesta quizá sea la más preocupante de todas: porque durante demasiado tiempo creyeron que nunca tendrían que rendir cuentas.