Las joyas de Zapatero y el precio de su incoherencia

«Cada uno es hijo de sus obras». La sentencia de Cervantes conserva intacta su vigencia cuatro siglos después. Porque, al final, los hombres no son lo que dicen ser, sino lo que hacen. No son sus discursos, ni sus eslóganes, ni las biografías amables que escriben sus partidarios. Son sus actos.

Por eso el escándalo de las joyas atribuidas a José Luis Rodríguez Zapatero trasciende con mucho el valor económico de las piezas. Lo verdaderamente relevante no es si el contenido de una caja fuerte supera o no el millón trescientos mil euros, como estiman los expertos de Ansorena. Lo importante es lo que simboliza. Lo que revela. Lo que contradice.

Porque durante años, Zapatero fue presentado como el rostro amable de la izquierda española. El presidente del talante. El defensor de las políticas sociales. El dirigente que hablaba de igualdad, de redistribución y de justicia fiscal mientras millones de españoles confiaban en que sus sacrificios servían para construir una sociedad más equitativa.

Sin embargo, la realidad tiene la desagradable costumbre de terminar imponiéndose a la propaganda.

Y la realidad es que aquel mismo presidente dejó España al borde del colapso económico tras negar durante meses una crisis que ya devastaba hogares, empresas y empleos. La realidad es que bajo su mandato el país superó los cinco millones de parados, una cifra histórica que marcó a toda una generación. La realidad es que terminó congelando las pensiones, recortando el salario de los empleados públicos, encareciendo medicamentos y aplicando medidas de austeridad que habían sido demonizadas por su propio discurso político.

Todo ello con el respaldo de buena parte de quienes hoy siguen reivindicándolo como referencia moral del socialismo español.

Ahora, años después, el debate ya no gira únicamente en torno a decisiones políticas discutibles. La cuestión es mucho más sencilla. Mucho más incómoda.

¿Cómo encaja una colección de joyas de semejante valor con la imagen pública construida durante décadas?

¿Cómo puede un dirigente que convirtió la desigualdad en uno de sus principales argumentos políticos aparecer vinculado a un patrimonio suntuario cuya mera existencia provoca perplejidad entre millones de ciudadanos?

Son preguntas legítimas. Y son preguntas que merecen respuesta.

Porque aquí no se juzga el derecho de nadie a poseer bienes. España no es una república soviética ni debería parecerse jamás a una. Cada ciudadano tiene derecho a prosperar, invertir y disfrutar legítimamente del fruto de su trabajo.

Lo que se cuestiona es otra cosa.

Se cuestiona la coherencia.

Se cuestiona la distancia creciente entre el discurso y los hechos.

Se cuestiona la facilidad con la que determinadas élites políticas exigen sacrificios colectivos mientras parecen vivir al margen de las consecuencias de sus propias decisiones.

Si finalmente la Justicia determina que todo fue legal y correctamente declarado, será una noticia relevante. Pero incluso en ese escenario permanecerá intacto el debate político y moral.

Porque la legalidad no siempre resuelve las contradicciones.

Y porque la ejemplaridad exige estándares mucho más elevados que el simple cumplimiento formal de una norma.

Lo verdaderamente llamativo es el silencio.

El silencio de quienes durante años exigieron explicaciones inmediatas ante cualquier sospecha que afectara a un adversario político.

El silencio de quienes construyeron una industria entera alrededor de la superioridad moral de la izquierda.

El silencio de un PSOE que parece haber olvidado sus propias lecciones sobre transparencia, ejemplaridad y rendición de cuentas.

La pregunta resulta inevitable.

¿Qué ocurriría si una situación similar afectara a un dirigente del centro derecha?

¿Cuántas comparecencias exigirían?

¿Cuántos editoriales se escribirían?

¿Cuántos portavoces hablarían de corrupción moral, privilegios o desconexión con la realidad de los ciudadanos?

La respuesta la conocen perfectamente los españoles.

Por eso el verdadero problema de este episodio no son las joyas.

Ni siquiera su espectacular valor económico.

El verdadero problema es el daño que provocan sobre una imagen cuidadosamente construida durante décadas.

Porque el precio de una esmeralda puede calcularse.

El de un reloj también.

El de un collar igualmente.

Pero la credibilidad perdida no admite tasación.

Y cuando un político descubre que el patrimonio más valioso no estaba en una caja fuerte sino en su reputación, suele ser demasiado tarde para recuperarlo.

Las joyas tienen precio.

La coherencia, no.