La gran estafa del odio: Sánchez fabrica víctimas
«En España, el mérito no se premia. Se premia el robar y el ser sinvergüenza».— Ramón María del Valle-Inclán
Esto no va solo de una tertuliana ni de un periodista señalado. Va de cómo determinados episodios se convierten en munición política inmediata.
Una denuncia por presunta agresión ocupa titulares. Hay comparecencias, testimonios, presencia mediática y respaldo político casi automático. Desde el Gobierno se enmarca el episodio dentro del debate sobre el “odio” y la polarización. La televisión pública amplifica la controversia. El presidente incorpora el caso al discurso institucional contra la crispación.
Después llegan nuevas informaciones. Las imágenes se analizan. Los informes médicos no apuntan a lesiones graves. Los jueces no aprecian indicios suficientes para adoptar medidas cautelares. La causa termina archivada.
Y entonces surge la pregunta: ¿se actuó con prudencia o con precipitación política?
El debate no es jurídico —la Justicia ha hecho su trabajo—, sino político y comunicativo. ¿Se convirtió un caso aún sin esclarecer en un símbolo antes de tiempo? ¿Se utilizó como ejemplo para reforzar un relato previo sobre la polarización y el discurso de odio?
Para la oposición, la respuesta es clara: consideran que el Gobierno amplifica determinados episodios cuando encajan en su narrativa y guarda silencio en otros casos que no resultan funcionales. Para el Ejecutivo, en cambio, se trata de una defensa firme frente a la violencia verbal y la radicalización del debate público.
La cuestión de fondo es más amplia. Desde hace años, el discurso político en España se mueve en un clima de confrontación permanente. El Ejecutivo habla de “lawfare” cuando se siente objeto de investigaciones judiciales. La oposición denuncia “colonización institucional” cuando discrepa de determinados nombramientos. Los términos se endurecen y el lenguaje se radicaliza.
En paralelo, distintos procesos judiciales que afectan a antiguos cargos socialistas —como el denominado caso Ábalos-Koldo-Aldama— avanzan en los tribunales. El Gobierno insiste en que se trata de responsabilidades individuales y que deben dirimirse en sede judicial. La oposición sostiene que el daño político es mayor.
El problema no es un caso concreto. Es la dinámica.
Cuando cada episodio se convierte en una batalla moral absoluta, la política se desliza hacia la teatralización permanente. Cuando cada investigación es interpretada como ataque o cada crítica como discurso de odio, el debate se empobrece.
Las instituciones deben actuar con neutralidad. Los medios públicos deben mantener estándares de pluralidad. Y los responsables políticos deberían medir sus palabras antes de elevar a categoría estructural un hecho todavía en fase de investigación.
Porque lo verdaderamente preocupante no es una denuncia archivada.
Es la erosión progresiva de la confianza pública.
Y esa erosión no distingue siglas.