España, entre los raíles rotos y el esperpento gubernamental
España no está ante una simple catástrofe ferroviaria. Está ante el reflejo más cruel de un sistema que ha priorizado la supervivencia política de unos pocos sobre la seguridad, el rigor y el interés general. Lo ocurrido en Adamuz no es un accidente; es la consecuencia de una cadena de negligencias, de improvisaciones y, sobre todo, de un modelo de gobierno que ha colonizado las instituciones para su propia perpetuación.
Cuando el cabo de la Guardia Civil Francisco Montes afirmó que nunca había visto algo tan desgarrador, no sólo describía la escena de un tren siniestrado y 45 vidas apagadas. Describía, sin saberlo, el paisaje general de una nación donde la gestión pública ha sido sustituida por el clientelismo, y la responsabilidad, por la propaganda.
Mientras en Adamuz se rezaba por los muertos, en Huesca, Pedro Sánchez y su ministra Pilar Alegría aplaudían el verbo hueco con el que trataban de tapar las vergüenzas de un sistema ferroviario abandonado, de una administración colonizada y de un ministro que, lejos de dimitir, apuntaba a un "defecto de fábrica" para desviar la culpa.
Óscar Puente es mucho más que un ministro histriónico. Es el símbolo del sanchismo como modelo de poder: fidelidad por encima de competencia, lealtad ciega en lugar de solvencia técnica. Como Illa lo fue durante la pandemia, como Ribera lo es en Bruselas tras la DANA, Puente es el producto de un sistema de cooptación interna donde el mérito se mide en obediencia y el castigo se reserva a los disidentes.
En una democracia sana, la tragedia de Adamuz hubiera provocado dimisiones inmediatas. Pero España no es hoy una democracia sana. Adif sigue sin explicar cómo no detectó el descarrilamiento hasta que una interventora herida dio la voz de alarma. Renfe sigue sin asumir su responsabilidad por operar sobre una vía sin renovar desde 1989. Y el Ministerio calla, confiando en que la indignación pase como pasa todo en esta era de ruido.
El problema de fondo no es técnico, es político. Cuando Renfe y Adif son semilleros de militantes y pagos en especie para cónyuges y amigos, cuando se adjudican obras por mordidas o con empresas pantalla incrustadas en UTEs fantasma, el riesgo no es sólo el derroche. Es la muerte. España es desde 2022 el país de la UE con más siniestros ferroviarios. ¿Casualidad? No. Causalidad.
Y pese a todo, nadie dimite. Porque aquí no se debe lealtad al ciudadano, sino al "dueño del cortijo". Porque este sistema ya ha asumido la corrupción como instrumento de poder, y la tragedia como un daño colateral aceptable.
Cuando Pedro Sánchez eligió a Puente, lo hizo sabiendo lo que era. No buscaba un gestor, buscaba un perro de presa. Un ariete contra la oposición. Un vocero que hiciera el trabajo sucio. Y lo encontró. El resultado es que hoy España tiene al frente de su red ferroviaria a alguien que no sabe –o no quiere– explicar por qué murieron 45 personas en un trayecto previsible, evitable, y técnicamente controlable.
En estos días se habla de homenajes a las víctimas. Pero que no se confundan: la única justicia posible comienza por la verdad. Y la verdad, en este caso, lleva nombres y apellidos. Uno de ellos es Óscar Puente. El otro, el de quien lo puso ahí.
La tragedia de Adamuz no fue un error aislado. Fue la consecuencia directa de un sistema que ha dejado de gobernar para empezar a resistir. Y cuando gobernar es resistir, gobernar deja de ser útil. Y se vuelve peligroso.