Corrupción y la Fiscalía al servicio del sanchismo
Lo sucedido con la decisión de Teresa Peramato marca un antes y un después en la degradación institucional que vive España. No es una discrepancia técnica. No es un debate jurídico. Es algo mucho más profundo: la sospecha cada vez más fundada de que la Fiscalía ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en un mecanismo de protección del poder.
Negar una rebaja de pena proporcional a la colaboración de Víctor de Aldama —clave para entender la dimensión de la trama que salpica al entorno de José Luis Ábalos— no es un detalle menor. Es un mensaje. Y los mensajes, en política, importan más que los autos.
El aviso a navegantes
El mensaje es tan claro como inquietante: quien colabore en causas que comprometan al poder no será recompensado como debería. Dicho de otro modo, decir la verdad puede no servir de nada… o incluso salir caro.
Esto no solo afecta a Aldama. Afecta a todos los que, hoy o mañana, puedan tener información relevante sobre redes de corrupción. Se instala así un clima de desconfianza, de miedo, de cálculo. Y cuando eso ocurre, la verdad se retrae.
Cuando la Justicia incomoda
Conviene no perder de vista el contexto. La investigación no gira en torno a un actor aislado, sino a una estructura que se desarrolló en el corazón del poder político. Ábalos, Koldo, adjudicaciones, contratos, relaciones opacas…
Y cuando esa estructura empieza a dibujarse con mayor nitidez, la Fiscalía no acelera: modera. No empuja: contiene. No amplía: acota.
Ese es el verdadero problema. No una decisión concreta, sino el patrón que dibuja.
Una institución en cuestión
La Fiscalía debería ser uno de los pilares más sólidos del Estado de derecho. Una institución inmune a presiones, ajena a intereses, firme frente al poder.
Sin embargo, lo que percibe la opinión pública es justo lo contrario: una Fiscalía que actúa con distinta intensidad según a quién afecten las investigaciones.
Y eso, en democracia, es letal.
De la sospecha al descrédito
No hace falta demostrar una orden directa para que el daño esté hecho. Basta con que las decisiones coincidan sistemáticamente con los intereses del Gobierno.
La percepción de parcialidad es, en sí misma, devastadora. Porque destruye la confianza en que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.
Y cuando esa confianza se rompe, lo que se resquebraja no es un caso concreto, sino el sistema entero.
El sanchismo y el control del relato
Este episodio encaja en algo más amplio: una forma de ejercer el poder basada en el control del relato, la presión institucional y la gestión política de los tiempos judiciales.
Primero se niega. Luego se minimiza. Después se desacredita a quien denuncia. Y, finalmente, se intenta diluir el impacto cuando los hechos emergen.
En ese engranaje, la Fiscalía no puede —no debe— convertirse en una pieza más.
El precio de mirar hacia otro lado
España no necesita más ruido político. Necesita certezas institucionales.
Necesita saber que quien roba responde. Que quien colabora es protegido. Que quien investiga lo hace sin interferencias.
Hoy, tras esta decisión, esas certezas son más débiles.
Porque si quienes están en posición de contar lo que saben perciben que no merece la pena hacerlo, la corrupción no se combate: se enquista.
Y mientras tanto, el poder gana tiempo. Siempre gana tiempo.