Los cántabros primero, elemental querido Watson

Hay verdades tan elementales que solo una política enferma de ideología puede convertirlas en escándalo. Si una familia gastara cada mes bastante más de lo que ingresa, cualquiera concluiría que camina hacia la ruina. Pues eso mismo hace España desde hace años: vivir endeudada, aplazando los problemas, fiando el presente a una deuda que pagarán otros mañana.

La cuestión no es menor. El Estado del bienestar no se sostiene sobre eslóganes, sino sobre cuentas. Y las cuentas hace tiempo que no salen. Una parte gigantesca del gasto público se va en pensiones, prestaciones, subsidios e intereses de la deuda. A eso hay que sumar sanidad, educación, servicios sociales y el mantenimiento de una estructura administrativa tan costosa como ineficiente. En ese contexto, seguir ampliando obligaciones sin medir su coste no es solidaridad: es irresponsabilidad.

La chapuza migratoria del sanchismo

La regularización impulsada por Pedro Sánchez responde exactamente a esa lógica: más propaganda que planificación, más postureo moral que sentido de Estado. En lugar de exigir condiciones serias de arraigo, residencia efectiva, integración y ausencia de antecedentes, el Gobierno vuelve a optar por la vía fácil: abrir la puerta, improvisar y luego cargar el coste sobre los contribuyentes.

Lo más grave no es solo el fondo de la medida, sino la absoluta falta de cálculo sobre sus consecuencias. ¿Cuánto costará incorporar a miles de personas más al sistema de prestaciones? ¿Qué ocurrirá con los servicios sociales ya saturados? ¿Quién tendrá prioridad cuando los recursos no alcancen para todos? Como casi siempre con el sanchismo, esas preguntas no interesan. Lo importante es la foto, el titular y la pose de supuesto humanitarismo.

La lógica de la prioridad

Decir que los cántabros, o los españoles que llevan años sosteniendo el sistema, deben tener preferencia en determinados servicios públicos no es racismo. Es puro sentido común. Es, de hecho, una exigencia mínima de justicia contributiva.

No puede tener la misma posición quien lleva décadas cotizando, pagando impuestos y levantando este país que quien acaba de llegar y aún no ha contribuido en igual medida al esfuerzo colectivo. Esa diferencia no niega derechos humanos básicos ni justifica desatender urgencias sanitarias o la escolarización de menores. Pero sí obliga a distinguir entre lo esencial y el acceso indiscriminado a todo el catálogo de ayudas públicas.

Un Estado serio protege primero a quienes lo sostienen. Todo lo demás es demagogia o cobardía.

Los cántabros no pueden ser los últimos en su tierra

En Cantabria, como en tantas otras regiones de España, la presión sobre los servicios públicos no es una teoría académica: es una experiencia cotidiana. Familias trabajadoras que pagan y esperan. Jóvenes que no acceden a determinadas ayudas. Mayores que ven colapsarse la sanidad. Barrios y pueblos donde cada euro cuenta y donde la sensación de agravio crece cuando quien acaba de llegar parece recibir antes lo que al de aquí se le niega o se le retrasa.

Esa realidad existe, aunque a la izquierda le moleste escucharla. Y taparla con insultos morales no la hará desaparecer. Llamar “facha” o “racista” a quien denuncia este desequilibrio no resuelve el problema. Solo demuestra que el progresismo oficial ha perdido todo contacto con la calle.

La hipocresía de siempre

Resulta además revelador que quienes se escandalizan por hablar de prioridad nacional o arraigo sean los mismos que justifican exigencias lingüísticas, privilegios territoriales y políticas identitarias cuando les conviene electoralmente. Si un dirigente separatista pone condiciones culturales o idiomáticas, se presenta como sensibilidad social. Si se plantea que los españoles o los cántabros tengan preferencia en los servicios que pagan, entonces se desata la inquisición mediática.

La doble vara es obscena. Y cada vez más ciudadanos la perciben como lo que es: una estafa discursiva.

Sentido común frente a ideología

Cantabria no necesita consignas importadas ni experimentos buenistas pagados con dinero ajeno. Cantabria necesita lógica básica, equilibrio presupuestario y prioridad para los suyos. Para sus trabajadores, sus mayores, sus autónomos, sus familias y sus jóvenes. Para quienes llevan años sosteniendo con su esfuerzo un sistema que ahora amenaza con desbordarse.

La inmigración puede ser necesaria, útil y positiva si se hace con control, con exigencia y con integración real. Pero una cosa es eso y otra muy distinta convertir el Estado del bienestar en una barra libre mientras los de casa esperan turno.

Los cántabros primero. No como consigna vacía, sino como principio elemental de responsabilidad pública. Porque gobernar no consiste en regalar lo que no es tuyo, sino en administrar con justicia lo que pertenece a todos.

Y ya va siendo hora de que alguien en España, y también en Cantabria, lo diga sin complejos.