El juicio al juez

Hay una constante que se repite en todos los sistemas políticos sometidos a procesos de deterioro institucional. Cuando las investigaciones afectan a personas próximas al poder, el objetivo deja de ser esclarecer los hechos y pasa a ser cuestionar la legitimidad de quien los investiga.

Eso es exactamente lo que está ocurriendo en torno al juez Juan Carlos Peinado.

Desde hace meses, una parte del aparato político, mediático y propagandístico que sostiene al sanchismo ha puesto en marcha una operación destinada a desplazar el foco de atención. Ya no se habla prioritariamente de los hechos investigados. Ya no se debate sobre los indicios que han justificado meses de diligencias judiciales. Ya no se discuten las declaraciones, los informes o las contradicciones detectadas durante la instrucción.

El protagonista ya no es el procedimiento. El protagonista es el juez.

La estrategia resulta tan antigua como eficaz. Cuando los hechos se vuelven incómodos, se intenta desacreditar al mensajero. Cuando las preguntas empiezan a resultar peligrosas, se pone bajo sospecha a quien las formula. Y cuando la investigación se acerca demasiado al núcleo del poder, el investigador pasa a ocupar el lugar que debería corresponder a los investigados.

No es una anomalía española. Ha ocurrido en numerosos países y bajo gobiernos de muy distinta orientación ideológica. Pero precisamente por eso resulta tan preocupante contemplar cómo esa dinámica se instala con absoluta normalidad en el debate público nacional.

Porque conviene formular una pregunta incómoda.

¿Habría existido semejante campaña política, mediática e institucional si la persona investigada fuese la esposa de un dirigente del Partido Popular?

La respuesta parece tan evidente que apenas necesita explicación.

Lo que algunos presentan como una legítima crítica jurídica ha terminado convirtiéndose en algo mucho más inquietante: un intento sistemático de erosionar la credibilidad del magistrado encargado de la instrucción. Declaraciones políticas, ataques personales, cuestionamiento permanente de las resoluciones judiciales y una constante construcción de sospechas sobre las motivaciones del instructor han creado un clima que trasciende ampliamente la discrepancia procesal.

Y ahí reside el verdadero problema.

Los jueces pueden equivocarse. Lo que no puede aceptarse es que sean intimidados.

En un Estado de derecho existen mecanismos perfectamente establecidos para corregir errores judiciales. Existen recursos. Existen tribunales superiores. Existen garantías procesales. Existen instancias de revisión. Lo que no existe en una democracia sana es el derecho del poder político a organizar campañas de descrédito contra quienes investigan asuntos que le resultan incómodos.

Porque el mensaje que se transmite a jueces, fiscales y fuerzas de seguridad es devastador.

Investigue usted cualquier asunto mientras afecte a ciudadanos corrientes, empresarios o dirigentes de la oposición. Pero si la investigación alcanza el entorno inmediato del presidente del Gobierno, prepárese para convertirse en objetivo político.

Ese es el precedente que se está intentando normalizar.

Y los precedentes son extraordinariamente peligrosos porque sobreviven a quienes los crean.

Lo verdaderamente significativo de este episodio es que el debate público ha terminado desplazándose por completo. Se habla más del juez que de los hechos investigados. Más de las resoluciones que de aquello que las motiva. Más de Peinado que de las razones por las cuales Peinado abrió la investigación.

Y eso rara vez sucede por casualidad.

Cuando una democracia comienza a discutir obsesivamente sobre los investigadores en lugar de discutir sobre los hechos investigados, suele significar que alguien tiene interés en alterar el orden natural de las responsabilidades.

Porque la cuestión de fondo es extraordinariamente sencilla.

El problema para el Gobierno no es el juez. El problema para el Gobierno es la existencia misma de la investigación.

Lo demás son maniobras de distracción.

La democracia no fue concebida para proteger a los gobernantes frente a la Justicia. Fue concebida precisamente para garantizar que los gobernantes también pudieran ser investigados por ella. Sin privilegios, sin excepciones y sin escudos políticos construidos a medida de sus intereses.

Por eso la independencia judicial no se demuestra cuando los jueces dictan resoluciones que coinciden con nuestras preferencias ideológicas. La independencia judicial se demuestra cuando sus decisiones incomodan al poder y aun así pueden seguir ejerciendo su función con libertad.

Ese es el verdadero examen que afronta hoy la democracia española.

Porque el día en que un magistrado deba preocuparse más por las consecuencias políticas de una resolución que por su adecuación al Derecho, la independencia judicial habrá empezado a retroceder.

Y cuando la independencia judicial retrocede, no pierde un juez.

No pierde una asociación profesional.

No pierde un partido político.

Pierde la democracia. Y pierden todos los ciudadanos.