Algo va mal en España cuando el comunismo vuelve a crecer en Andalucía
Que una fuerza abiertamente comunista haya protagonizado uno de los grandes ascensos electorales en Andalucía debería generar bastante más debate del que parece provocar en el panorama político español.
No hablamos de un fenómeno residual ni de una extravagancia universitaria confinada a pequeños círculos militantes. Hablamos de la comunidad más poblada de España. De una región que lleva décadas conviviendo con algunas de las consecuencias más visibles del clientelismo político, de la dependencia estructural de lo público y de un modelo económico incapaz de converger plenamente con las regiones más dinámicas de Europa.
Y aun así, una parte creciente del electorado ha decidido respaldar a un partido cuyo programa económico apuesta por profundizar en recetas de fuerte intervención estatal.
Porque conviene llamar a las cosas por su nombre.
No se trata simplemente de “progresismo moderno” o de “justicia social avanzada”. Bajo esa terminología aparece una propuesta clara: más intervención estatal, mayor presión fiscal, ampliación del sector público, control político sobre áreas estratégicas de la economía y una visión crítica de la propiedad privada como eje vertebrador del sistema productivo.
El programa de Adelante Andalucía plantea una expansión significativa del papel del Estado en la economía: creación de una agencia tributaria propia, nuevos impuestos sobre patrimonio y herencias, intervención del mercado inmobiliario, regulación de precios y un incremento generalizado del gasto público como herramienta central de transformación social.
La cuestión no es únicamente económica. Es también cultural.
Porque el crecimiento de este tipo de propuestas refleja una transformación más profunda en una parte de la sociedad española: la creciente aceptación de que el Estado debe desempeñar un papel cada vez más amplio en la organización de la vida económica y social.
Este giro se produce en un contexto complejo.
España mantiene un elevado nivel de deuda pública.
La presión fiscal sobre las clases medias continúa aumentando.
El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema estructural.
La productividad permanece estancada.
Los servicios públicos muestran tensiones crecientes.
Y el sistema de pensiones afronta desafíos demográficos y financieros de gran envergadura.
Pese a ello, una parte del debate político se inclina hacia la idea de que los problemas colectivos pueden resolverse ampliando el tamaño del sector público y reforzando la intervención regulatoria.
Ahí surge la gran contradicción.
En muchas economías avanzadas, los desequilibrios fiscales suelen abrir debates sobre eficiencia institucional, racionalización del gasto y fortalecimiento del tejido empresarial. En España, en cambio, el deterioro de algunos indicadores convive con una mayor demanda social de intervención.
El comunismo, entendido como propuesta de fuerte colectivización económica, nunca avanza únicamente por la fuerza de sus postulados ideológicos. Lo hace también cuando una parte de la sociedad pierde confianza en el mercado como generador de prosperidad y percibe al Estado como principal garante de estabilidad.
La experiencia europea del siglo XX dejó lecciones claras sobre los riesgos del colectivismo extremo: burocratización excesiva, rigidez económica, dificultades para generar riqueza sostenida y, en muchos casos, erosión de libertades.
Cambian los discursos.
Cambian los símbolos.
Cambian los liderazgos.
Pero el debate de fondo permanece.
Lo ocurrido en Andalucía no es solo una anécdota electoral. Refleja una tendencia: la consolidación de una cultura política más favorable al intervencionismo y más crítica con el modelo liberal clásico.
Y cuando una sociedad se desplaza en ese eje ideológico, la discusión deja de ser meramente coyuntural.
Se convierte en una cuestión de modelo de país.