Hacienda aprieta, la corrupción comparece
El destino ha querido que, mientras millones de contribuyentes empezaban a hacer sus cuentas y crecía su enfado para cumplir con Hacienda, comenzara también el primer gran juicio por corrupción vinculado al Partido Socialista y al Gobierno. Una semana que ha condensado como pocas la sensación de hartazgo ciudadano: se pagan más impuestos que nunca, pero los servicios no mejoran.
Abril trae el ritual fiscal. Pero este año llega acompañado de algo más: la indignación de comprobar que una parte de ese esfuerzo creciente pudo acabar en manos de presuntas tramas de corrupción que se habrían enriquecido con el dinero público.
El enfado se agrava al observar las cifras. Se estima que en esta campaña los ingresos de Hacienda aumentarán un 18%. Muchos trabajadores comprobarán cómo la ausencia de deflactación del IRPF les obliga a pagar más sin haber mejorado su poder adquisitivo. Un salario medio podría afrontar un incremento cercano a los 800 euros, mientras que en rentas de apenas 18.000 euros el impacto proporcional resulta aún más severo.
España es el quinto país de la UE con mayor carga fiscal. Y, sin embargo, la percepción es la de un país que se deteriora: servicios públicos saturados, transporte ferroviario con problemas recurrentes, infraestructuras sin modernizar y redes eléctricas al límite. Una gestión pública que no parece estar a la altura del esfuerzo exigido.
Resulta especialmente corrosivo comprobar que los miles de millones recaudados no siempre se han destinado al interés general, sino que ahora se investigan como posibles casos de enriquecimiento ilícito. Procesos que llegan a los tribunales tras investigaciones periodísticas, policiales y judiciales.
Durante años se repitió que no había magia en la gestión del dinero público. Lo que aflora ahora es la sospecha de que existía un mecanismo más simple: que el esfuerzo de millones pudiera desviarse hacia bolsillos particulares bajo apariencia de normalidad.
El inicio de este primer juicio marca un punto de inflexión. No solo por las eventuales responsabilidades penales, sino por la exigencia de responsabilidades políticas que muchos ciudadanos reclaman y que, hasta ahora, apenas se han asumido.
Entre declaraciones fiscales y declaraciones judiciales, la coincidencia resulta simbólica. Y profundamente reveladora del momento que atraviesa el país.