Pedro Sánchez ha estado de gira por Europa. El presidente ha tratado de convencer a sus socios de que la mejor idea para reducir los precios de la energía es desacoplar el precio del gas del de la luz. Pero, no lo ha conseguido y el Consejo Europeo, que se celebrará a finales de la semana, no tratará el asunto. Lo peor, en todo caso, es que el Gobierno sólo da palos de ciego. Lanza una idea y a los dos días la retira o es insuficiente o no gusta a los que se tienen que beneficiar de ella.

Es lo que ha pasado con la propuesta de fijar el tope del precio de la luz a 180 M, la ayuda de 500 millones de euros para los camioneros o la de bajar los carburantes sin contar con las petroleras. De reducir los impuestos nunca más se supo. De hecho, el lunes supimos por boca de consejeros de algunas Comunidades Autónomas que de su reunión con hasta tres ministras (no llevaban ni papeles ni propuestas) lo único que les quedó claro es que no se van a bajar los impuestos.

La realidad es que llevamos meses con los precios de la energía por las nubes y aún habrá que esperar al 29 de marzo para saber algo concreto sobre ayudas, subvenciones, bonos o lo que sea que estén maquinando. Mientras, cada día más empresas se ven obligadas a parar su producción, más gritos de desesperanza se lanzan desde las asociaciones de autónomos y más familias lo pasan realmente mal. Cierto, que a la subida de los precios de la energía hay que añadirle la ruptura de las cadenas de suministro, tanto por la falta de materiales como por el paro de transportistas. Pero, eso es tan cierto, como que tenemos un Gobierno que no sabe qué hacer. Aseguran que no hay recursos suficientes para afrontar una crisis de este calado.

Se podría decir que se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. La hucha no sólo no tiene ahorros, sino que tiene un agujero inmenso y a nadie en ese Ejecutivo se le ocurre, por supuesto, analizar el gasto público y encontrar partidas que pueden ser eliminadas o recortadas. De esto, tanto el ministro Escrivá, cuando era presidente de la AIReF, o el Instituto de Estudios Económicos saben mucho. Bastaría con solicitar sus informes y comprobar que hay margen para obtener entre 30.000 y 60.000 millones de euros. Además de la recaudación extra que la Autoridad Fiscal cifra en más de 3.000 millones por efecto de la inflación.

Como en otros asuntos en los que el Gobierno ha tenido que tomar decisiones, también en esta ocasión y a pesar de tener una vicepresidenta al frente, ni saben, ni pueden, ni quieren resolver los problemas. Un primer paso sería escuchar a los que saben y a los implicados. Tampoco estaría de más que dejaran la ideología atrás. Los mantras típicos de la izquierda no valen cuando empresas y familias están sufriendo y la calle se está calentando o cuando el resultado de su irresponsabilidad y su falta de eficacia es una economía agónica y una inflación galopante.