La propuesta de la vicepresidenta Díaz de poner un precio máximo a los productos básicos de la cesta de la compra no convence a nadie. Incluso la Comisión Nacional de la Competencia la ha calificado de ilegal alegando que un acuerdo de precios entre las grandes distribuidoras sería equiparable a crear un cártel, un convenio, según la RAE, para evitar la competencia y regular producción, venta y precios. La idea es descabellada y ha puesto en pie de guerra a muchos, no sólo al pequeño comercio y a los productores. No es el caso de la distribuidora francesa Carrefour que se reunió en solitario con Díaz y Garzón aprovechando su promoción de una cesta de 30 productos a 30 euros. Luego se ha sabido que la composición de la cesta es algo muy parecido a un timo. Primero, porque no incluye productos esenciales como los huevos, la leche y el pan y que otros, como los tomates y el arroz, los habían subido de precio hasta un 30% antes del anuncio.

Todo el espectáculo montado por Díaz, que mantiene las reuniones previstas con otros agentes del sector mañana lunes, es de órdago. No sólo ha enfadado a sus colegas socialistas del Gobierno, sino que ha propiciado una catarata de dimes y diretes dentro del propio Podemos. No parece que le importe demasiado. Necesita presencia en los medios ante el "fracaso" de su plataforma "Sumar" y su llamado proceso de escucha. Se entiende mal o no tanto, que el presidente Sánchez esté permitiendo este "show" de su vicepresidenta entrometiéndose en asuntos que no son de su competencia.

La verdadera razón, escarbando un poco, es que la idea es más vieja que el hilo negro. De hecho, sus camaradas de Cuba o Argentina tienen en marcha algo semejante y aunque saben cómo está la economía de esos países y el grado de sufrimiento de sus ciudadanos, está en su ADN crear pobres, cuantos más mejor, para después convencerles de que, con sus medidas de intervencionismo estatal o la creación de una empresa pública, nada malo les podría pasar.