La corrupción ya no rodea al sanchismo: lo define

Durante demasiado tiempo, el Gobierno ha intentado presentar cada escándalo como un episodio independiente, un accidente imprevisible o la traición personal de algún colaborador. Primero fue Koldo García. Después José Luis Ábalos. Más tarde Santos Cerdán. Siempre la misma explicación: sorpresa, indignación y desconocimiento. Pero llega un momento en que la acumulación de hechos hace imposible seguir hablando de casualidades.

El último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil constituye un golpe devastador para esa narrativa. Según la investigación, Santos Cerdán habría controlado durante años una empresa instrumental utilizada para canalizar ingresos procedentes de adjudicaciones públicas, sufragar gastos personales y familiares y manejar importantes cantidades de dinero mientras ocupaba uno de los puestos de mayor poder dentro del PSOE.

Ya no hablamos únicamente de sospechas políticas. Hablamos de una investigación judicial sustentada en documentos bancarios, movimientos patrimoniales, sociedades mercantiles y análisis económicos realizados por la Guardia Civil. Y, sobre todo, hablamos del hombre que durante años fue el principal negociador de Pedro Sánchez, su secretario de Organización, su enviado a Navarra, a Cataluña, al País Vasco y a todas las operaciones políticas decisivas del sanchismo.

Porque conviene no perder la perspectiva. Santos Cerdán no era un dirigente secundario. Era uno de los arquitectos del poder de Sánchez. Participó en la moción de censura, negoció con los partidos separatistas, intervino en los pactos que sostienen al Ejecutivo y administró el partido con plenos poderes. Todo ello mientras, presuntamente, desarrollaba una actividad económica incompatible con la ejemplaridad que exige un cargo público de esa relevancia.

La pregunta ya no es qué hizo Cerdán.

La pregunta es qué sabía Pedro Sánchez.

Y si no sabía nada, la conclusión tampoco resulta tranquilizadora. Porque significaría que el presidente del Gobierno entregó durante años las llaves del PSOE y una parte esencial del funcionamiento político del Estado a personas cuya conducta ahora está siendo investigada por la Justicia.

El caso adquiere una dimensión todavía mayor cuando se observa el conjunto. Ábalos, Koldo, Cerdán... No se trata de nombres elegidos al azar. Son el núcleo duro del sanchismo. Los hombres que acompañaron a Sánchez desde su regreso a la Secretaría General hasta la conquista de La Moncloa. Los dirigentes en quienes depositó su máxima confianza política y personal.

Por eso ya no resulta creíble hablar de "manzanas podridas".

Cuando las investigaciones afectan de forma reiterada al círculo más estrecho del poder, el problema deja de ser individual para convertirse en estructural.

Y, sin embargo, el Gobierno sigue actuando como si el verdadero escándalo fuese la existencia de investigaciones judiciales y no los hechos que las motivan. Se desacredita a jueces, se cuestiona a la Guardia Civil, se señala a periodistas y se atribuye todo a una supuesta conspiración. Es una estrategia conocida: convertir a quienes investigan en los auténticos acusados.

Pero los informes no los redacta la oposición.

Los movimientos bancarios no los inventan los medios de comunicación.

Y las diligencias judiciales no nacen de campañas políticas.

España necesita respuestas, no eslóganes. Necesita explicaciones, no victimismo. Porque la corrupción no solo consiste en el posible enriquecimiento ilícito de unos pocos. Consiste también en la degradación institucional que produce intentar protegerlos cuando aparecen los indicios.

Pedro Sánchez llegó al poder proclamando que la corrupción era una línea roja infranqueable. Ocho años después, la principal crisis política de su mandato no gira en torno a la economía, la inmigración o la política exterior. Gira alrededor de los hombres que él mismo eligió para dirigir el partido y sostener su Gobierno.

La presunción de inocencia corresponde a todos los investigados y deberán ser los tribunales quienes determinen las responsabilidades penales. Pero la responsabilidad política no espera a una sentencia firme. Exige asumir las consecuencias de las decisiones adoptadas y responder por quienes recibieron la máxima confianza del presidente.

Porque hay una evidencia que ya resulta difícil discutir.

La corrupción ha dejado de ser un problema periférico del sanchismo.

Se ha convertido en su principal seña de identidad política.