MADRID, 6 (OTR/PRESS)

En el momento de mayor debilidad electoral del nacionalismo periférico (apenas el 4% de los votantes en las pasadas elecciones generales), parecen acorralados y a la defensiva los defensores de la Constitución, teóricamente portadores de la voluntad del 94% de los españoles. De sus dos aspirantes a la Moncloa, Feijóo por la derecha y Sánchez por la izquierda, el foco se centra en el segundo, si bien las delirantes exigencias de Puigdemont afectan a los dos. Lógico, si damos por hecho que la investidura del líder del PP será fallida por falta de apoyos suficientes.

Sostienen las terminales políticas del sanchismo que la operación "normalizadora" de la política catalana, apadrinada desde Waterloo por un fugado de a justicia, debe ser tenida en cuenta como un ejemplo de "pragmatismo político" y "esencialismo ideológico".

Otros creemos que es política-visión, solo apta para los visionarios que piden la luna en base al aberrante principio de que la "legitimidad democrática" está por encima de la "legalidad constitucional", un sueño de la razón que en su día (otoño 2017 en Cataluña) también produjo un monstruo primo-hermano del anterior: "la democracia está por encima de la ley" ¿Recuerdan ustedes?

No me tiraré por la ventana si la parte socialista del Gobierno en funciones, en su afán por reponer a Pedro Sánchez en la Moncloa, acaba asumiendo el visionario plan de Carles Puigdemont a cambio de los decisivos siete votos afirmativos de Junts en la investidura del líder socialista, que se llevaría a cabo si antes fracasa la de Feijóo prevista para los días 26 y 27 de septiembre.

Vale, no me voy a fustigar, pero espero y deseo que no se llegue a tanto. A tanto como impulsar en el Congreso una proposición de ley de amnistía a todos los empapelados por el "proces" del 1 de octubre (¿Y por qué no a los empapelados por otros delitos, en aplicación del dogma de la igualdad?), como paso previo a la negociación del precio para apoyar la continuidad de Sánchez en el poder.

Aunque nada permite suponer que el PSOE se dispone a apagar el farol del prófugo de Waterloo, el discurso público de Sánchez y alrededores sigue remitiéndose al marco constitucional. Y a eso me atengo como límite de cualquier concesión a Junts, partido separatista catalán de derechas en el que Puigdemont ejerce de líder fáctico y "president en el exili".

Sin embargo, me pongo en lo peor si tomo nota de las dificultades de la portavoz, Isabel Rodríguez, para explicar a los periodistas cuál es realmente la posición de la parte socialista del Gobierno en funciones ante el conminatorio muestrario de condiciones para que los siete diputados de Junts le den el "sí" a Sánchez en una eventual investidura.