EDUCACIÓN CORONAVIRUS
Los sindicatos aseguran que cien aulas de Infantil y Primaria superan los 20 niños
16:24 01/09/20
La Junta de Personal Docente ha advertido hoy de que los 200 profesores más que ha contratado el Gobierno de Cantabria son "insuficientes" para garantizar las medidas de seguridad en los centros y el curso arrancará con "muchas aulas" que sobrepasan la ratio recomendada por los ministerios de Educación y Sanidad, un centenar en Infantil y Primaria.
Según los sindicatos, en cien aulas se superarán los 20 niños por profesor y en 67 de ellas habrá más de 25 alumnos, con lo que no se podrá mantener, sostienen, la distancia de metro y medio que establece el protocolo de la Consejería de Educación para evitar contagios de coronavirus.
Así lo han denunciado este martes en una rueda de prensa, en la que han afirmado que se podría haber creado un entorno escolar "mucho más seguro" para toda la comunidad educativa de Cantabria pero no se ha hecho "por falta de voluntad política".
A juicio de la Junta, para que el curso sea lo más seguro posible lo primero es reducir el número de alumnos que conviven en las aulas, y además hay que tomar más medidas de protección del profesorado. Reclaman pruebas PCR y que se dote a todos los docentes de mascarillas FFP2 y pantallas faciales, que solo se prevén para los de Infantil.
Su presidenta, Belén González (Stec), ha defendido que con el dinero que le corresponde del Fondo Covid para educación, Cantabria podría cubrir la mayor parte de las necesidades de profesorado que plantean los sindicatos.
González ha señalado que la Consejería de Educación "solo se va a gastar la mitad" de ese dinero en contratar a 200 docentes más, por lo que, en su opinión, debería dar explicaciones sobre a qué va a destinar la otra mitad para que la opinión pública sepa "cuales son las prioridades" de su titular, Marina Lombó.
Según la Junta de Personal, las cifras que ofrece Educación sobre las ratios del próximo curso no son reales porque lo que se ha hecho es una media, cuando no tiene nada que ver la situación de los colegios del medio rural con la de los municipios más poblados.
Los sindicatos han denunciado también que "no se han hecho los deberes" para afrontar la posibilidad de una vuelta a las clases no presenciales como en el último trimestre del curso pasado si la evolución de la pandemia así lo aconseja.
Reconocen que se han comprado equipos para que alumnos que carecen de medios informáticos puedan seguir las clases, pero consideran que ni se ha invertido lo suficiente para que lleguen a todas las familias que se encuentran en esas circunstancias ni se ha organizado el teletrabajo y tampoco existe "una acción coordinada" para dar respuesta a esa eventualidad.
Según la Junta de Personal, la prioridad es que la vuelta de las aulas el próximo 7 de septiembre se haga con la mayor seguridad posible, aunque eso suponga retrasar su inicio para tomar más medidas como va a ocurrir en otras comunidades autónomas.
A juicio de su presidenta, lo que debe hacer la Consejería es dar esa seguridad a toda la comunidad educativa y "si eso supone que se tenga que retrasar un poco, que se retrase". Y para Conchi Sánchez, de CCOO, si ese retraso se produce "la culpa será unicamente de la Consejería de Educación".
Otra de las denuncias de la Junta es que, a menos de una semana de que empiece el curso, la Consejería no ha remitido a todos los centros educativos el visado de los planes de contingencia que han tenido que elaborar para adaptar el protocolo general a las características de cada uno de ellos.
PCR ANTES DE LOS CLAUSTROS
Los sindicatos han vuelto a reclamar pruebas PCR para los docentes, que a su juicio se tendrían que haber hecho ya antes de los claustros para evitar la posibilidad de contagios en unas reuniones a la que asiste un buen número de profesores.
En cuanto a los equipos de protección individual, entienden que todos deben contar con los mismos que se van a suministrar a los de Infantil en lugar de las "mascarillas ordinarias" con las que se va a dotar al resto.
Reclaman también una protección especial para el profesorado con patologías previas de riesgo, de forma que se les adapte el puesto de trabajo a sus circunstancias y, llegado el caso, se les exima del trabajo presencial. ![Publicidad 171034]()
Según los sindicatos, en cien aulas se superarán los 20 niños por profesor y en 67 de ellas habrá más de 25 alumnos, con lo que no se podrá mantener, sostienen, la distancia de metro y medio que establece el protocolo de la Consejería de Educación para evitar contagios de coronavirus.
Así lo han denunciado este martes en una rueda de prensa, en la que han afirmado que se podría haber creado un entorno escolar "mucho más seguro" para toda la comunidad educativa de Cantabria pero no se ha hecho "por falta de voluntad política".
A juicio de la Junta, para que el curso sea lo más seguro posible lo primero es reducir el número de alumnos que conviven en las aulas, y además hay que tomar más medidas de protección del profesorado. Reclaman pruebas PCR y que se dote a todos los docentes de mascarillas FFP2 y pantallas faciales, que solo se prevén para los de Infantil.
Su presidenta, Belén González (Stec), ha defendido que con el dinero que le corresponde del Fondo Covid para educación, Cantabria podría cubrir la mayor parte de las necesidades de profesorado que plantean los sindicatos.
González ha señalado que la Consejería de Educación "solo se va a gastar la mitad" de ese dinero en contratar a 200 docentes más, por lo que, en su opinión, debería dar explicaciones sobre a qué va a destinar la otra mitad para que la opinión pública sepa "cuales son las prioridades" de su titular, Marina Lombó.
Según la Junta de Personal, las cifras que ofrece Educación sobre las ratios del próximo curso no son reales porque lo que se ha hecho es una media, cuando no tiene nada que ver la situación de los colegios del medio rural con la de los municipios más poblados.
Los sindicatos han denunciado también que "no se han hecho los deberes" para afrontar la posibilidad de una vuelta a las clases no presenciales como en el último trimestre del curso pasado si la evolución de la pandemia así lo aconseja.
Reconocen que se han comprado equipos para que alumnos que carecen de medios informáticos puedan seguir las clases, pero consideran que ni se ha invertido lo suficiente para que lleguen a todas las familias que se encuentran en esas circunstancias ni se ha organizado el teletrabajo y tampoco existe "una acción coordinada" para dar respuesta a esa eventualidad.
Según la Junta de Personal, la prioridad es que la vuelta de las aulas el próximo 7 de septiembre se haga con la mayor seguridad posible, aunque eso suponga retrasar su inicio para tomar más medidas como va a ocurrir en otras comunidades autónomas.
A juicio de su presidenta, lo que debe hacer la Consejería es dar esa seguridad a toda la comunidad educativa y "si eso supone que se tenga que retrasar un poco, que se retrase". Y para Conchi Sánchez, de CCOO, si ese retraso se produce "la culpa será unicamente de la Consejería de Educación".
Otra de las denuncias de la Junta es que, a menos de una semana de que empiece el curso, la Consejería no ha remitido a todos los centros educativos el visado de los planes de contingencia que han tenido que elaborar para adaptar el protocolo general a las características de cada uno de ellos.
PCR ANTES DE LOS CLAUSTROS
Los sindicatos han vuelto a reclamar pruebas PCR para los docentes, que a su juicio se tendrían que haber hecho ya antes de los claustros para evitar la posibilidad de contagios en unas reuniones a la que asiste un buen número de profesores.
En cuanto a los equipos de protección individual, entienden que todos deben contar con los mismos que se van a suministrar a los de Infantil en lugar de las "mascarillas ordinarias" con las que se va a dotar al resto.
Reclaman también una protección especial para el profesorado con patologías previas de riesgo, de forma que se les adapte el puesto de trabajo a sus circunstancias y, llegado el caso, se les exima del trabajo presencial.
