El anuncio del Gobierno de que la semana que viene comenzará a tramitar los expedientes de indulto de los doce condenados por el proceso independentista catalán ha abierto una tormenta política, convencidos PP, Vox y Ciudadanos de que se trata del precio que paga el Ejecutivo por la investidura y los presupuestos.

Los tres partidos han anunciado que acudirán a los tribunales si el Gobierno acaba otorgando finalmente esa medida de gracia a los condenados, nueve de ellos con penas de prisión de hasta 13 años por sedición: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Ha sido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quien ha revelado por sorpresa en el pleno del Congreso que la semana próxima comenzará la tramitación de los indultos, un proceso que previsiblemente se prolongará entre ocho y diez meses.

Le preguntaba en la sesión de control al Gobierno la diputada de JxCat Laura Borrás por las medidas del Gobierno ante la "deriva" de la justicia española, y Campo, tras defender la independencia de los jueces, ha desvelado el inicio del trámite y ha desencadenado la polémica.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha dejado claro que su partido recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos si llegan a aprobarse.

 "Se ve que este era el precio que tenía que pagar (Pedro Sánchez) por la investidura", ha manifestado Casado, quien ha tachado de "inmoral" que el Gobierno se alíe con los independentistas para mantenerse en el poder, en vez de consensuar con el PP "un Pacto de Estado por la sanidad y un plan de choque económico".

"Como ministro de Justicia tengo la obligación legal de tramitar las solicitudes que lleguen al Ministerio", ha respondido poco después Campo en La Sexta, donde ha garantizado que se actuará "con rigor y con transparencia".

Vox ha advertido de que seguirá con atención la tramitación, seguro de que "este Gobierno social-comunista ha permitido la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017 para mantenerse en el poder" y de que en la hoja de ruta está la concesión de los indultos.

"Como de concederse será claramente ilegal, podemos asegurar que defenderemos la ley con todas las acciones legales a nuestro alcance”, ha señalado la secretaria general de esta formación en el Congreso, Macarena Olona.

Ciudadanos también ha mostrado su rechazo tajante a conceder "indultos o privilegios" a los condenados, mientras que el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha valorado el anuncio de Justicia como un paso en la resolución del conflicto en Cataluña que "allana el camino" para negociar los presupuestos con el "bloque de la investidura" y posibilita asimismo la mesa de diálogo.

En Barcelona las palabras de Campo han sido bien recibidas, aunque con cautela, ya que no colman las expectativas de las fuerzas independentistas.

El PDeCAT, que reclama una amnistía, ha destacado que los indultos pueden facilitar "un proceso real de diálogo con el Estado", aunque ha advertido de que sería solo un "parche" que no resolvería el "problema político de fondo".

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha descartado que el inicio de la tramitación de los expedientes sea un "gesto" del Gobierno, ya que el proceso lo marca la ley, mientras que la diputada de la CUP Maria Sirvent ha remarcado que la "única resolución viable" al conflicto catalán es "el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la amnistía", reivindicaciones que también han reiterado las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural.

Según han explicado fuentes del Ministerio de Justicia, se iniciará el trámite con los doce condenados por el "procés" porque la primera petición de indulto registrada, el pasado enero y con la firma del abogado catalán Francesc Jufresa, se refería a todos ellos.

Cada expediente se tramitará de forma individualizada y el proceso durará como mínimo seis meses, tras recabar y analizar los informes -no vinculantes- del Supremo, la Fiscalía y las prisiones.

La ley que regula los indultos data de 1870 y deja en manos del Gobierno otorgar de forma discrecional esta medida de gracia de forma total o parcial.

La mayoría de las peticiones no superan el proceso: el año pasado se tramitaron 4.022 indultos y se concedieron 39, el 0,97 %; y en el ejercicio anterior se otorgaron solo 17 de los 4.382 tramitados.

Campo ha explicado que se comenzará a trabajar ahora sobre los expedientes de indulto porque se ha superado la parálisis provocada por la pandemia, pero ha recalcado también la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por el diálogo: "Los problemas políticos hay que resolverlos con política".

En su agenda, también con la oposición frontal del PP, Vox y Ciudadanos, está asismismo la revisión de los delitos de sedición y rebelión, una reforma que el ministro ha vuelto a defender este miércoles.

El objetivo es abordarlos de forma "más moderna y actualizada", en línea con los códigos penales de países vecinos como Francia, Alemania o Italia, ha explicado antes de garantizar que no será una reforma exprés y que la propuesta del Ejecutivo irá acompañada "de todos los informes necesarios de un buen anteproyecto": Consejo de Estado, Consejo Fiscal y Consejo de Estado.

En el caso de que se enjuiciara finalmente al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los conselleres huidos, se les aplicará la ley más favorable.