El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha empezado a movilizar a profesionales de la atención primaria a los hospitales por la crisis del COVID-19, en concreto profesionales con experiencia en UCI y reanimación, y se va a trabajar de forma coordinada con la sanidad privada. Uno de los próximos pasos que van a dar las autoridades sanitarias de Cantabria es la intensificación del trabajo con la sanidad privada. Desde el inicio de la propagación del COVID-19 un total de 810 personas han dado positivo en la región, con 770 casos activos. En los últimos días se ha producido en Cantabria un importante incremento de contagios.

La idea que manejaba la Consejería de Sanidad era recurrir a la sanidad privada como apoyo de la pública, pero no para tratar pacientes con la COVID-19. El consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, lo explicó así hace una semana en una entrevista, en la que dijo que se contaría con el sector privado, «más que para derivar pacientes» con el coronavirus, para enviar casos sin esa enfermedad para recibir la asistencia necesaria. La Consejería y el SCS van a coordinarse con la sanidad privada para combatir el virus y trabajan para avanzar en ese sentido, con derivación de pacientes y uso de sus instalaciones.

Además, el Servicio Cántabro de Salud ya tiene un inventario de los recursos sanitarios de la sanidad privada de la región (Mompía, Padre Menni y Santa Clotilde) que podrían emplearse en esta crisis del coronavirus, y ese inventario ya se ha trasladado al Ministerio de Sanidad. Por otro lado, los profesionales de la atención primaria que se movilizarán a hospitales son personas que ya han prestado sus servicios en esos centros y que habían pasado a la atención primaria, confirman a Efe fuentes sanitarias. Hoy ya van a empezar enfermeras de atención primaria que tienen esa experiencia previa en UCI. Además, se va a mover a especialistas de hospitales que no atendían el COVID-19 a plantas con esos pacientes para que pasen a hacerlo. El Servicio Cántabro de Salud (SCS) explica a Efe que todos los profesionales de este organismo en activo están «a disposición» y «pueden ser movilizados» entre centros. Y subraya que los recursos internos «se organizan y reorganizan antes de acudir a la contratación excepcional de voluntarios».

residencias. Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha dado un paso más en el refuerzo a la atención en las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios de la Comunidad Autónoma, que constituyen el colectivo más vulnerable de la crisis sanitaria provocada por el COV19. A partir de ahora, podrá movilizarse a personal sanitario y sociosanitario de los centros de día a las residencias tanto públicas como privadas.

En un boletín extraordinario publicado ayer, se recoge la resolución del consejero de Sanidad en la que, a propuesta de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, dicta las instrucciones sobre el procedimiento de modificación temporal de la prestación de servicios de este personal para adaptarlos a las necesidades de atención en las residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios, tanto de titularidad pública como privada. 

Esta medida ya aparece prevista en la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo de Adopción de Medidas Relativas a las Residencias de Personas mayores y Centros Sociosanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y supone que la atención en estos centros se reforzará con personal sanitario y sociosanitario procedente de los centros de día de Cantabria.

En concreto, aquellos centros que precisen un refuerzo de su personal mientras dure el estado de alarma podrán recibir personal médico, de enfermería o cualquier otro tipo de personal sanitario que estén al servicio de las Administraciones Públicas, en servicio activo, o con contrato de trabajo en plenitud de efectos jurídico en el caso del sector privado. El director general de Políticas Sociales, Julio Soto, ha remitido una carta a los directores de los centros de día informándoles de la movilización del personal a su servicio ante la situación de emergencia, y otra a los máximos responsables de las residencias de personas mayores y centros sociosanitarios para darles cuenta de esta decisión del Ejecutivo regional.

Esta medida se une a las ya tomadas por la Consejería de Empleo y Políticas Sociales para hacer frente a la reducción de personal en esos centros debido al avance de los contagios por COV19, en un momento en que la atención a los usuarios de residencias y centros sociosanitarios es especialmente importante por ser el colectivo más vulnerable ante esta enfermedad. La Consejería de Empleo y Políticas Sociales puso la red de Oficinas de Empleo en contacto con las empresas que gestionan estas residencias para ofrecer demandantes de empleo de las zonas donde prestan los servicios. 

Además, el ICASS esta misma semana abrió una bolsa de trabajo para personas con experiencia en la atención a la dependencia para atender la eventual demanda de personal en algunos de los 82 centros de personas mayores y sociosanitarios en la Comunidad Autónoma. 

Además, el Ejecutivo está priorizando estos centros a la hora de realizar las muestras del coronavirus, ante cualquier sintomatología de usuarios y trabajadores, repartir material de protección, y ha intensificado la atención médica a usuarios que se controla su estado de salud todos los días. 

También se ha abierto la posibilidad de que las familias trasladen temporalmente mientras dura el estado de alarma a sus mayores a sus domicilios, en caso de estar asintomáticos, y se ha concluido durante la jornada de ayer la desinfección de los 82 centros sociosanitarios en Cantabria, con empresas especialzadas contratadas por la Consejería de Empleo y Política Social. 

JUSTICIA. La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, mantuvo un encuentro con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en el que ha pedido reducir «al máximo» la presencia de los funcionarios en los juzgados y tribunales de la región, con el fin de priorizar la gestión de la crisis sanitaria y minimizar los riesgos entre el personal público. Esta petición expresa la ha formulado en la reunión de coordinación con el Ministerio, en el marco del mando único que ejerce durante la emergencia sanitaria del coronavirus para coordinar a las comunidades autónomas en todas las materias que afecten al personal.

Tras un encuentro por videoconferencia, que se ha prologando durante más de dos horas, la consejera de Justicia ha señalado que los esfuerzos deben centrarse en garantizar «los servicios esenciales y básicos» de la justicia y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos entre el personal público. Por eso, ha propuesto centralizar los servicios de los registros civiles y juzgados de paz en las cabeceras de comarca y realizar una guarda única, garantizando un número de efectivos localizables para intervenir en caso de necesidad, según informa la Delegación del Gobierno en una nota de prensa. Cantabria, «bajo ningún concepto», va a dejar de prestar los servicios básicos y esenciales en la Administración de Justicia regional, ha dicho la consejera, si bien considera que «estamos ante una crisis sanitaria». Según ha indicado, con estas dos propuestas, la de centralización de servicios y la guardia única, se posibilitaría en Cantabria reducir la presencia de 30 efectivos en los lugares de trabajo y que, cada día, sean 65, y no los 90 actuales, los funcionarios que desempeñen su labor en los juzgados.