Imprimir

La privatización del debate

Rafael Torres | Escritor y periodista español, nació en Madrid en 1955, en el desaparecido Paseo del Cisne.

ALERTA El Diario de Cantabria | 15 de abril de 2019

Aunque un debate pre-electoral televisado no es exactamente un debate, sino, en el mejor de los casos, una sesión de esgrima dialéctica y gestual de la que se espera la porción de espectáculo necesaria para generar jugosos datos de audiencia, no deja de ser un elemento básico en la liturgia de toda campaña, y por serlo conviene que se escenifique con la seriedad, incluso con el acartonamiento si los contrincantes son planos o sosos de narices, que sólo el ámbito solemnemente neutral de la televisión pública puede proporcionarle.

De uno de esos debates televisados no puede esperarse, en puridad, gran cosa, y menos que ninguna un debate político digno de ese nombre. Puede esperarse algún que otro insulto rastrero, incluido el que a menudo se dirige a la inteligencia de los espectadores, cosificación del adversario, autopropaganda o, si alguno de los actores lo es en grado sumo, como Pablo Iglesias en una recordada ocasión, algún detalle de buen comediante. Pese a ello, o por eso mismo, únicamente Televisión Española, el frío templo comunal de la comunicación, puede convertir ese guirigay, ese cónclave de egos desatados, ese simposium de yonquis del poder, esos juegos florales del postureo, en algo medianamente relacionado con la política de verdad.

Corren, sin embargo, malos tiempos para lo público, y el siroco privatizador de los bienes nacionales alcanza, cuando ya apenas nos quedan otros bienes nacionales por haber sido pignorados, al gran debate pre-electoral televisado entre los candidatos en campaña. Particularmente llamativo resulta, empero, que quien asesta hoy la puntilla sea el partido y el candidato que ostentan, por ser titulares del Gobierno, la mayor representación pública y, en consecuencia, el mayor deber de sujeción a su cuidado, de suerte que el desprecio de Sánchez al clásico debate institucional propuesto por RTVE, con la canónica participación de los partidos de ámbito estatal con presencia parlamentaria, trasciende el territorio del error para inscribirse en el del desmantelamiento.

Como si fuera la cosa más natural del mundo, se pretende justificar la privatización del gran debate, que se traslada adulterado (con Vox) de la televisión pública a una privada, porque conviene más a los intereses de Sánchez, particularmente a uno, el de propiciar el espectáculo de cómo se muerden en directo los líderes de la neo-derecha, de la "derechita cobarde" y de la derecha franquista, a fin de garantizarse la fragmentación de sus votos. Triste renta si el precio es el desaire a la televisión de todos.

Puede ver este artículo en la siguitente dirección /opinion/rafael-torres/la-privatizacion-del-debate/20190415131846053026.html


© 2019 ALERTA El Diario de Cantabria

La presente página web, con dirección URL www.eldiarioalerta.com (“Sitio Web”), es operada por la sociedad Cantabrico de prensa, S.A (“Sociedad”), con C.I.F. núm. A28927606, inscrita en el Registro Mercantil de Santander,  con el Depósito Legal: SA-3-1959 y cuyo domicilio se encuentra en la c/ 1º de Mayo, s/n Barrio San Marín, Peñacastillo, 39011 Santander, Cantabria. Puede obtener más información remitiendo un correo a la siguiente dirección de correo electrónico de contacto administració[email protected] [email protected]

Copyright © CANPRE S.A El Sito Web incluye contenidos de Sociedad, del medio EL DIARIO ALERTA (“Medio”) y, en su caso, de terceros y/ o de otras empresas del grupo de la empresa del cual forma parte la Sociedad.

Las relaciones establecidas entre la Sociedad y los Usuarios como consecuencia de la utilización a los servicios que se prestan a través del Sitio Web, se regirán por lo dispuesto en la normativa española vigente en relación con la legislación aplicable y la jurisdicción competente. No obstante, para los supuestos en los que la normativa vigente prevea que las partes pueden someterse a fuero determinado, la Sociedad y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se somete a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Santander.