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La enseñanza ¿desconcertada?

Manuel Sánchez Monge | Obispo de santander

Manuel Sánchez Monge | 29 de noviembre de 2020

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Las familias, profesores y alumnos de la enseñanza concertada han salido a la calle masivamente para rechazar la ley de educación, la Lomloe o ‘ley Celaá’, recientemente aprobada en el Congreso de los diputados por un voto más de los estrictamente necesarios. Una ley que ha sido aprobada a toda prisa y sin diálogo ni consenso con los especialistas en educación y los representantes de las familias que tienen a sus hijos en la enseñanza concertada.

La nueva ley se ha visto rodeada de polémica en especial en torno a sus puntos más delicados: desaparición del español como lengua vehicular, las limitaciones a la concertada, y la amenaza de desaparición de los centros de enseñanza para alumnos con discapacidad o con necesidades especiales.

En primer lugar la ley Celaá atenta contra la pluralidad del sistema educativo y cercena la libertad de los padres para elegir el centro educativo que mejor corresponda a sus convicciones pedagógicas, éticas y religiosas, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución. La eliminación del español como lengua vehicular de la enseñanza se ve como algo ridículo puesto que es una de las lenguas más habladas en el mundo y como un atentado contra los derechos lingüísticos de todos los españoles.

Otro de los aspectos más comprometidos de la Lomloe es el relativo a las escuelas concertadas, pues la prohibición de cesión de suelo público o algunas de las nuevas políticas de escolarización imponen serias limitaciones a este tipo de centros. Se trata de una ley fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo, elemento sin duda clave en una sociedad democrática.

La educación concertada también se vería seriamente amenazada, ya que se encarecerían los servicios complementarios que ofrece (comedor, ruta escolar, actividades extraescolares...) y para muchas familias esto podría ser una carga difícil de soportar, con lo que afectaría a la conciliación de trabajo y atención a los hijos. Además, contempla que los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere y también con una o dos materias suspensas y que el bachillerato podrá estudiarse en tres años.

Es verdad que la nueva ley recoge la oferta obligatoria de Religión en los centros, pero la nota no contará para el acceso a la Universidad o a becas, y elimina el deber de cursar una materia alternativa.

Se repite como un mantra que la enseñanza concertada es elitista. Pero no lo es. Voy a poner un ejemplo que conozco de cerca: la diócesis de Santander tiene tres colegios concertados, uno en Cueto, otro en el Barrio Pesquero y otro en la parroquia de la Anunciación. De los dos primeros no hace falta demostrar que no son elitistas sino lo contrario. Y del de la parroquia de la Anunciación invito a que pasen y vean la cantidad de alumnos que son hijos de inmigrantes.

Y aun en los grandes colegios de religiosos hay algunas congregaciones que tienen dos en Cantabria, uno en la capital y otro en el mundo rural. Por ejemplo los Escolapios y los Hermanos de la Salle. Excluirla, por tanto, es una clara segregación impropia de democracias europeas, que promueven la libertad de enseñanza y la financian sin complejos para favorecer una libertad de elección real.

En definitiva, nos encontramos con una ley que divide a muchos y no contenta del todo a nadie.

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