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¡Detened a Torra!

Juan G. Bedoya |

ALERTA El Diario de Cantabria | 17 de octubre de 2019

¿Quién incendia Cataluña? ¿Por qué no lo detiene el Gobierno Sánchez? El Ministerio de Interior dice que quien convoca los disturbios (quema de comercios, corte de carreteras, toma de calles y estaciones, agresión a las fuerzas de orden, palizas a ciudadanos…) es la plataforma Tsunami Democràtic, «creada en una cumbre de líderes separatistas convocada en septiembre en Ginebra» por el fugado Puigdemont y el presidente Torra. Lo ha dicho el ministro Grande-Marlaska. Si es verdad, hay que parar a Torra, impedir que siga adelante, detener su alzamiento. Si el Gobierno no lo hace, Sánchez merece perder las elecciones.  

Sostiene Marlaska: «Tenemos unos servicios de inteligencia eficaces y terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos». ¿No lo sabe? ¿No escucha a Torra excitando, aplaudiendo, comprendiendo «la ira» de los violentos? ¿No oyen a los alzados cuando convocan las revueltas?

Donde no impera la ley, domina la barbarie. No basta con pescar en la calle a  los violentos. El Gobierno Sánchez cumplirá cuando detenga a los de arriba, a los que les mandan que «aprieten» cuanto puedan. Marlaska afirma que en la ‘cumbre’ de Ginebra, además de Torra, estuvieron dirigentes de Junts per Catalunya (los de Pujol); de ERC (la gente de Junqueras); de la CUP (el germen  ‘Molotov’), y miembros de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, cuyos líderes, ‘los Jordi’, encabezaron las violencias de hace dos años.

España no puede tolerar que un Ejecutivo regional promueva el incendio de un territorio, atropellando la seguridad y la libertad de sus ciudadanos. Lo que vemos en Cataluña no ocurre en  ningún país civilizado. Sánchez no puede permitirlo. La ley de Seguridad Nacional es clara. La Constitución es contundente. Los derechos de Reunión y de Manifestación están en la cumbre de las libertades (con Franco te costaban la vida).  Ahora son derechos de primera generación. Pero la libertad pública individual que faculta a un grupo de personas a concurrir en un mismo lugar, «pacíficamente y sin armas», tiene condiciones cuando los reunidos desarrollan su derecho en la vía pública.

Hablamos del derecho de Manifestación. La Constitución de 1978 lo protege y suele ser un derecho que se ejerce molestando. Suelo decir que si la libertad sirve para algo es para decirle al poder lo que no quiere oír.  Pero la ley pone condiciones. Por ejemplo, la libertad de los demás. Los convocantes de una manifestación deben comunicar antes dónde van a concentrarse para que el resto de los ciudadanos tomen las precauciones que les convengan, por ejemplo de tráfico: por dónde deben circular ese día para no toparse con un atasco. Solo eso. Nada menos que todo eso. El derecho de manifestación no es un derecho prestado por el poder, pero tiene límites en los derechos de los que no se van a manifestar. Lo proclama la Constitución (artículo 21). Lo dice la ley de Seguridad Nacional. Torra incumple. Sánchez debe pararlo. Lo exige la ley. Lo necesita Cataluña. Lo pide España. Lo espera Europa.

Post Data. ¡Siete jueces ‘supremos’ y perpetran un error atroz! Pardiez, Sánchez Pego. La defensa de la exconsejera Dolors Bassa pide la nulidad de la sentencia porque en la página 48 se afirma que fue ella quien retiró a los funcionarios de la consejería de Enseñanza la competencia para abrir los centros de votación. La decisión la tomó la exconsellera de Enseñanza Clara Ponsatí. Elemental, ministrado Helguera. Dolors Basá era la consejera de Trabajo y ha sido condenada a 12 años de cárcel. Clara Ponsetí está huida en Escocia.

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