El pleno del Ayuntamiento de Torrelavega acordó no pedir al Gobierno cántabro que asuma el coste extraordinario del servicio de limpieza y desinfección al comienzo del curso escolar en los centros de Educación Infantil y Primaria, que se ha estimado en unos 90.000 euros al año. Esta decisión fue adoptada por el equipo de gobierno PRC-PSOE al rechazar con sus votos una moción suscrita por todos los grupos en la oposición en el Ayuntamiento de Torrelavega (PP, ACPT, Cs y Torrelavega Sí).

En nombre de los proponentes, Julio Ricciardiello (Cs) explicó que el Ayuntamiento debe hacer «un esfuerzo extraordinario» para financiar estos gastos por la vuelta al colegio de los escolares en la situación actual de la COVID-19, que no se está en condiciones de poder asumir. Indicó que cumplir los planes de contingencia y seguridad sanitaria dictaminados por la Consejería de Educación conllevará para el Ayuntamiento un aumento del personal, de horas de trabajo, así como de los gastos en materiales y productos de limpieza, para lo cual sería necesario recibir compensaciones.

Por su parte, José Manuel Cruz Viadero (PSOE) y Pedro Pérez Noriega (PRC) rechazaron la posibilidad de reclamar esta cantidad al Gobierno en estos momentos y anunciaron que «más adelante» y «cuando sea el momento oportuno» se reivindicará la recuperación de estas cantidades. Defendieron que la «prioridad» en estos momentos es iniciar el curso en las mejores condiciones y apuntaron que la reclamación de la cantidad destinada a la lucha contra la COVID-19 se hará cuando lleguen los fondos europeos o del Gobierno central.

Por otra parte, el pleno rechazó con los votos de PRC, PSOE y ACPT sumarse al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el PP contra el acuerdo entre Gobierno y FEMP sobre la cesión de los remanentes de tesorería y el uso del superávit de los municipios al Estado. Marta Fernández-Teijeiro (PP) aseguró que la propuesta del Gobierno central supone «una injerencia planteada sin consenso» y exigió al alcalde, Javier López Estrada, «contundencia» en la defensa de los intereses de la ciudad, pues a su juicio la autonomía del Ayuntamiento «debe estar por encima de intereses de partido». Julio Ricciardiello (Cs) calificó de «artimaña» la propuesta del Gobierno central sobre el uso de los remanentes y pidió al Ejecutivo que «escuche el clamor de los ayuntamientos» para flexibilizar la regla de gasto con el fin de que puedan utilizar sus ahorros y atender las necesidades de los ciudadanos.

Iván Martínez (ACPT) justificó su voto en contra por los «tintes partidistas» de la moción del PP y les acusó de presentarla para implicar a Torrelavega «en la guerra política» de los populares contra el Gobierno. Por su parte, José Manuel Cruz Viadero (PSOE) rechazó la propuesta del PP por ser «partidistas» y haberse presentado con el objetivo de utilizar este asunto para «debilitar» y «tumbar» al Gobierno de España «en vez de arrimar el hombro» en la actual situación del país.

Media hora después del comienzo del pleno, el alcalde, Javier López Estrada, abandonó la sesión para participar en un encuentro telemático con regidores de otras 30 ciudades contrarias al decreto sobre el uso de remanentes por parte del Gobierno central, encuentro al que Torrelavega asistía como invitada junto a Barcelona.

Por otra parte, el pleno modificó la tarifa del suministro de agua, alcantarillado y recogida de residuos, que supone 1,3 euros al mes, con el rechazo a la alegación presentada por uno de los consejeros de la empresa Aguator en contra de la subida del termino fijo para mantener el equilibrio económico-financiero de la sociedad.

Junto a ello, se acordó por unanimidad conceder sendas calles de la ciudad al pediatra local Germán Castellano Barca, en Campuzano-Ciudad Vergel, y al futbolista y jugador de bolos Pepe Ingelmo, en Sierrapando, como reconocimiento a la trayectoria social y profesional de ambas personas.