El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este martes, con 18 votos a favor, dos en blanco y uno en contra, un plan de choque para la reactivación de la Justicia tras el estado de alarma por pandemia de covid-19 que incluye más de 60 medidas organizativas que quedan dentro de su capacidad de actuación propia y no requieren de modificaciones legales para su aplicación.

Han votado en blanco los vocales Wenceslao Olea y Enrique Lucas, mientras que el voto en contra ha sido de la vocal Carmen Llombart, según han señalado a Europa Press fuentes de este órgano. Tras la votación, varios vocales han anunciado la formulación de votos particulares -tanto concurrentes como discrepantes- a distintos apartados del plan de choque.

Las medidas aprobadas son el resultado del debate y votación del más de medio centenar de enmiendas presentadas por los vocales a las propuestas que figuraban en documentos de trabajo y son de carácter, organizativas y procesales, medidas sobre solución extrajudicial de conflictos, medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables y medidas tecnológicas cuya elaboración fue acordada por la Comisión Permanente el pasado 2 de abril.

Los objetivos del plan, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, son agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables, así como y proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la normalidad, con mecanismos que les permitan afrontar con menor dificultad el incremento de cargas de trabajo.

RECOMENDACIONES PARA REFORMAS LEGALES

Por otra parte, el Pleno del CGPJ también ha aprobado los principios y criterios generales que deberían inspirar las reformas legales que puedan acometerse en este momento. Así, sugieren que las reformas deberían procurar la agilización procesal, incrementando la eficacia de la respuesta judicial y acortando, en la medida de lo posible, los tiempos de respuesta.

También proponen introducir previsiones en la normativa procesal orientadas a alcanzar el máximo aprovechamiento en la utilización de los medios tecnológicos; favorecer el incremento de la seguridad jurídica, la unificación de criterios ante la previsible litigiosidad masiva y la uniformidad de la respuesta judicial;

Añaden que, dadas las especiales circunstancias generadas por la crisis sanitaria y su impacto socioeconómico, las reformas habrían de prestar especial atención a determinados procedimientos como los de familia, en base al principio del interés superior del menor; los mercantiles, al objeto de facilitar la continuidad de las empresas y de la actividad de los profesionales afectados por la crisis; y la protección de las víctimas, con especial y constante atención a las de la violencia de género.

Igualmente, el Poder Judicial propone que se legisle para agilizar los contencioso-administrativos más directamente asociados a los efectos de la declaración del estado de alarma; y los laborales sobre protección social, conciliación de la vida familiar y profesional, viabilidad de las empresas y mantenimiento del empleo.

En todo caso, y como criterio y principio aplicable con carácter general a cualquier reforma procesal que se acometa que ninguna de ellas vaya en detrimento de las garantías procesales de los justiciables ni merme la calidad del servicio judicial.

PROGRAMA DE FORMACIÓN EXTRAORDINARIO

Por otra parte, el CGPJ está trabajando en la elaboración de un programa de formación extraordinario para la Carrera Judicial, actuación que es competencia exclusiva de este órgano y que constituirá el quinto bloque del plan de choque.

Los objetivos de ese plan de formación son proporcionar a los miembros de la Carrera Judicial instrumentos formativos en las principales materias que surgirán tras el levantamiento del estado de alarma y de la situación de pandemia; mejorar la eficacia y calidad de la respuesta judicial ante los nuevos procedimientos que se planteen y ayudar a la unificación de criterios jurídicos ante los nuevos procedimientos que puedan plantearse, según informa el Consejo.