El pleno del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, en su última sesión Ordinaria, acordó solicitar de manera «formal y urgente» al Gobierno de España la liberación de la actualización de las entregas a cuenta que le corresponden a las Comunidades Autónomas relativas a la recaudación del IVA del ejercicio de 2017 correspondiente al mes dejado de percibir. A propuesta del grupo Ciudadanos, la corporación, también,  al Gobierno de España que convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, para reactivar el órgano encargado de coordinar la Hacienda Estatal y las Comunidades Autónomas, el cual lleva más de un año sin reunirse.

A día de hoy, el Gobierno sigue sin devolver el importe del último mes de 2017, «utilizando para ello argumentos sin fundamento», dijo Esther Merino, portavoz de Cs, explicando que «en el ejercicio 2019 el Gobierno argumentaba estar en funciones y no poder llevar a cabo dichos pagos y, ahora en el ejercicio 2020 y con un Gobierno plenamente constituido, el motivo apuntado es que el plazo y momento para realizar el pago ha pasado y ya no es posible llevarlo a cabo».

Para Esther Merino la postura del Gobierno de España es un «chantaje» a las Comunidades Autónomas, mientras recordó que «durante todo el año el Gobierno se escudó en una pretendida imposibilidad de pagar estas cuantías al encontrarse en funciones, situación que cambió nada más iniciada la campaña electoral y que tuvo el milagroso efecto de iluminar al Gobierno, aún en funciones, en el camino para encontrar la fórmula legal que le permitiera liberar dichos importes».

Para la portavoz de Cs, la situación es «intolerable», además de generar «tensiones de tesorería en unas Comunidades Autónomas que legítimamente contaban ya con esos recursos en sus cuentas públicas para satisfacer pagos en Sanidad, Educación, Servicios Sociales o, sin ir más lejos, la última subida en el sueldo de los funcionarios ya anunciada por el Gobierno». «El dinero pertenece a las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España está incurriendo en una apropiación indebida», aseguró.

En la misma sesión plenaria, vio el visto bueno otra moción de Cs, en la que se instaba al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiara para que la regla de gasto permita a las Administraciones Públicas abordar la crisis económica y social provocada por el coronavirus, y que no sustraiga el superávit acumulado de los ayuntamientos españoles, de manera que estos recursos puedan ser destinados a medidas enfocadas a la ayuda de la economía local, tanto de las familias como de las empresas. Aquí se incluyó una enmienda del PRC para que se recoja la solicitud que ya ha hecho el Parlamento de Cantabria.