AGUA ABASTECIMIENTO
Aragón no cede su agua a Cantabria
- Así lo ha adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno avalado por el Estado de Autonomía
- Cuatro informes técnicos que coinciden en la ausencia de razones objetivas que justifiquen el trasvase.
16:45 01/07/20
El Gobierno de Aragón ha informado negativamente la propuesta de transferencia anual de carácter indefinido de 4,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica del Ebro a la del Cantábrico Oriental para necesidades de abastecimiento de determinadas comarcas de Cantabria.
Ese ha sido el principal acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno avalado por el Estado de Autonomía y, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, por cuatro informes técnicos que coinciden en la ausencia de razones objetivas que justifiquen el trasvase.
En concreto, el del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), que se opone de "manera rotunda" al carácter permanente de ese trasvase; otro del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que además de por su carácter indefinido, lo rechaza porque se está tramitando por parte del Ministerio para la Transición Ecológica una cesión de 18,61 hm3 en favor del Gobierno de Cantabria, por tanto la suma de ambas "superan ampliamente" las necesidades actuales de Santander.
A estos informes se suman los de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, en línea con la falta de justificación, y el más reciente, del Consejo Consultivo de Aragón, que es "contundente" al considerar que la propuesta no cumple con los principios generales de la planificación hidrológica al no concretar el déficit exacto de agua ni motivar la falta de actuaciones alternativas ni justificar su carácter irreversible.
Por tanto, ha aseverado Pérez, la postura del Gobierno de Aragón frente a este trasvase "ha quedado suficientemente clara" y hoy ha tomado forma jurídica con un acuerdo del Consejo de Gobierno que se remitirá a las Cortes de Aragón para tramitarlo y fijar posición antes de enviarlo a la administración general del Estado.
Según el Gobierno de Aragón, se trata de acuerdo en aplicación del Estatuto de Autonomía de Aragón para evitar propuestas de transferencias de aguas que afecten a Aragón y para la defensa de los derechos relacionados con el agua de los aragoneses que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a las generaciones presentes y futuras.
Una vez en las Cortes, el plazo de Aragón para remitir la decisión adoptada a la Administración General del Estado es el 27 de julio.
En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Aragón, una vez finalizado ese trámite en la Comunidad, adoptará las medidas oportunas en defensa de los intereses de los aragoneses.
"Nos hemos manifestado siempre en contra de cualquier trasvase y este es uno más", ha zanjado la consejera. ![Publicidad 171034]()
Ese ha sido el principal acuerdo adoptado este miércoles en el Consejo de Gobierno avalado por el Estado de Autonomía y, según ha informado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, por cuatro informes técnicos que coinciden en la ausencia de razones objetivas que justifiquen el trasvase.
En concreto, el del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA), que se opone de "manera rotunda" al carácter permanente de ese trasvase; otro del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que además de por su carácter indefinido, lo rechaza porque se está tramitando por parte del Ministerio para la Transición Ecológica una cesión de 18,61 hm3 en favor del Gobierno de Cantabria, por tanto la suma de ambas "superan ampliamente" las necesidades actuales de Santander.
A estos informes se suman los de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, en línea con la falta de justificación, y el más reciente, del Consejo Consultivo de Aragón, que es "contundente" al considerar que la propuesta no cumple con los principios generales de la planificación hidrológica al no concretar el déficit exacto de agua ni motivar la falta de actuaciones alternativas ni justificar su carácter irreversible.
Por tanto, ha aseverado Pérez, la postura del Gobierno de Aragón frente a este trasvase "ha quedado suficientemente clara" y hoy ha tomado forma jurídica con un acuerdo del Consejo de Gobierno que se remitirá a las Cortes de Aragón para tramitarlo y fijar posición antes de enviarlo a la administración general del Estado.
Según el Gobierno de Aragón, se trata de acuerdo en aplicación del Estatuto de Autonomía de Aragón para evitar propuestas de transferencias de aguas que afecten a Aragón y para la defensa de los derechos relacionados con el agua de los aragoneses que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a las generaciones presentes y futuras.
Una vez en las Cortes, el plazo de Aragón para remitir la decisión adoptada a la Administración General del Estado es el 27 de julio.
En todo caso, ha advertido de que el Gobierno de Aragón, una vez finalizado ese trámite en la Comunidad, adoptará las medidas oportunas en defensa de los intereses de los aragoneses.
"Nos hemos manifestado siempre en contra de cualquier trasvase y este es uno más", ha zanjado la consejera.
